Corredora estatal de propiedades: cómo será el “arriendo a precio justo” que impulsará el gobierno

Cinco mil viviendas sociales serán entregadas este año por el Minvu para ser alquiladas exclusivamente a las familias más vulnerables.

Fuente: La Tercera

Fecha: 17.06.2022

Municipalidades, gobiernos regionales y fundaciones serán las encargadas de administrar estos nuevos condominios, que no podrán cobrar más del 30% del ingreso líquido de cada hogar. “No competiremos con los privados, pero sí ofreceremos una nueva alternativa de oferta”, dice el ministro Carlos Montes.

Giorgio Taica (78) cuenta que todo pasó rápido, muy rápido. “Trabajaba en la construcción y arrendaba una habitación en Recoleta de 3 x 2,5 metros, por $ 165.000. Pero llegó la pandemia, se paralizaron los trabajos y no pude seguir pagando. Luego, subieron el arriendo y decidí no endeudarme más e instalarme aquí, en Lampa”.

Taica es un peruano que llegó hace 13 años a Chile. Desde junio del año pasado, cuenta, tomó la decisión de vivir en la toma Bosque Hermoso (o Lamparaíso, como se reconoce popularmente). Con un sueldo que bordeaba los $ 500.000, solo en el techo gastaba el 35% del salario, lo que se hizo inviable tras perder el empleo. Hoy ejerce su oficio levantando las humildes casas que avanzan en este desértico cerro de la zona norte de la Región Metropolitana.

Según la Estimación y Caracterización del Déficit Habitacional en Chile -el último estudio que ha cuantificado y caracterizado el problema-, en el país hay un déficit de 641.721 hogares; 81.643 familias (el 12,73% del déficit total) viviendo en campamentos o tomas. Recorriendo las polvorientas calles de esta comunidad, casi todos los pobladores dan la misma razón que Taica para estar acá: no podían pagar por un arriendo en la ciudad.

El relato de todos coincide con el estudio de Déficit Cero. En total, fueron 280.417 (el 4,7% del déficit total), el que dejó de pagar arriendos a inicios de la pandemia (julio a agosto 2020), lo que fue disminuyendo con el tiempo y se agravó para las cuarentenas de los años siguientes: junio y julio de 2021.

Giorgio Taica (78) debió abandonar la pieza que arrendaba en Recoleta por no poder pagarla.

¿Precio justo?

“Estamos frente a una emergencia habitacional quizás nunca antes vista en Chile”, aseguró el Presidente Gabriel Boric hace dos semanas, en su primera cuenta pública. Y aunque suena alarmante, así la han decretado expertos y autoridades de todos los sectores. Por eso, entre las diversas fórmulas que prepara el gobierno, el “arriendo a precio justo” fue la que más llamó la atención.

Una promesa de campaña del Presidente Boric fue la construcción de 260.000 viviendas al finalizar su mandato. Una meta ambiciosa, considerando el complejo escenario que enfrenta la industria y por el aumento de precios en los insumos. Por eso, desde el Minvu aún afinan detalles para presentar el Plan de Emergencia Habitacional, que entre todas sus propuestas, una vital será la de hogares para el arriendo.

“Estamos trabajando en una resolución que nos permitirá promover la construcción de un parque de viviendas públicas por parte de las gobernaciones, municipios y también los propios Serviu”, explica el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Y pone metas: “El objetivo es llegar a generar 5.000 viviendas para arriendo al año, en promedio, con un precio protegido. Es decir, un precio ligado a los ingresos. Estamos estudiando distintas alternativas para implementar un modelo que resulte eficaz y útil para las familias”.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) analizan positivamente la propuesta. Su presidente, Antonio Errázuriz, reconoce que para darle rodaje es necesario “ampliar los mecanismos de respuesta ante este problema y potenciar la colaboración entre el sector público, el privado, la sociedad civil y las comunidades. En este contexto, y desconociendo el contenido de lo que será la propuesta del gobierno sobre arriendo justo, creemos que el desarrollo de una política en este sentido podría ser una buena noticia, en la medida en que ofrezca una alternativa a determinados grupos, como jóvenes u hogares unifamiliares, por ejemplo”.

La promulgación de la ley de integración social, el año pasado, dotó al Minvu y el Serviu para proponer distintos mecanismos para diversificar la oferta de viviendas sociales. Y, para ello, el rol de las gobernaciones regionales y las municipalidades será vital, pues podrán postular a proyectos que entreguen soluciones habitacionales a sus propios vecinos.

Errázuriz asegura que el sector posee la capacidad de adaptarse rápidamente ante nuevos requerimientos, “pero siempre que existan ciertas condiciones”. El sobreprecio de los insumos para construir, sostiene, exige generar soluciones excepcionales.

Y quien se adelantó a esta propuesta, no sin un par de cuestionamientos por parte de Contraloría, fue la Municipalidad de Recoleta, que en 2017 desarrolló un proyecto junto al Minvu, destinado a arriendos sociales “a precio justo”. “A través de la Corporación Municipal Innova Recoleta, a cargo de la Inmobiliaria Popular, construimos el primer proyecto de viviendas sociales destinado exclusivamente al arriendo a precio justo (…). Iniciamos la construcción en 2019 y a mediados del año pasado entregamos el condominio para ser habitado”, cuenta Alberto Pizarro, director ejecutivo de la corporación.

Vista aérea del condominio Justicia Social 1, construido por la Municipalidad de Recoleta para arriendos sociales.

El condominio Justicia Social 1, ubicado a cuadras del centro cívico de Recoleta, fue diseñado por el Premio Nacional de Arquitectura, Juan Sabagh, y como inversión superó los $ 1.200 millones. Cuenta con 38 departamentos de una superficie de 57 m2. Cada uno posee tres dormitorios, living, comedor, cocina y baño, además de una bodega interior, estacionamientos, una sede social, conserjería, zona de juegos y quincho.