Créditos con tasas más bajas

Proyecto de Hacienda busca reducir el sobreendeudamiento de la clase media.

Fuente: Clapes UC

Fecha: 07.11.2023

Iniciativa permitirá refinanciar obligaciones crediticias e incorporará garantía estatal.

Desde la banca valoraron la medida de apoyo a los hogares a través de las garantías especiales del 50% para operaciones de refinanciamiento.

El Gobierno anunció este lunes que ingresará al Congreso un proyecto de ley cuyo objetivo es ayudar a las personas de clase media a enfrentar una situación de sobreendeudamiento.

La idea de la iniciativa, presentada este lunes por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es crear un nuevo programa dentro del Fondo de Garantía Estatal (Fogaes), instrumento que le permite al Estado actuar como aval para acceder a un crédito hipotecario con hasta un 90% de financiamiento.

De esta forma, el proyecto impulsado por la administración Boric consiste en una garantía estatal para la deuda equivalente a un 50% del monto por cuatro años.

El público objetivo son aquellas personas que ganen menos de $ 1,5 millón con deudas comerciales, "particularmente en el caso de microempresas, con un tope de deuda de hasta UF 160 y con moras inferiores a 90 días", explicó el ministro.

Desde Hacienda estiman que pueda beneficiar a entre 50 y 100 mil personas. Quienes sean elegibles para este programa serían informados que están en esta situación.

"Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la carga financiera promedio de las personas que tienen deuda alcanzó un 32% de sus ingresos, pero hay un subconjunto de personas que tiene mayor nivel de endeudamiento, a ellos se le estima una carga financiera del orden de 66%", aseguró el titular de la cartera durante la del gremio, Luis Opazo, indicó presentación de la iniciativa.

Además, el expresidente del Banco Central complementó que las tasas de interés para créditos con emiso- res de tarjetas pueden ser de 35% o 38% anual. "Es una anomalía que se presta para confusión y tiende a incentivar el sobreendeudamiento, porque las personas aceptan pagos en cuotas sin intereses pero sin tomar en cuenta que eso se puede transformar en un crédito con altos intereses", mencionó Marcel.

32% de los ingresos es la carga financiera promedio, sgún datos de la comisión para el mercado financiero.

50% monto de la deuda que srá avalado por el fisco.

Positiva recepción en la banca

El proyecto ingresará esta semana al Congreso, y según lo estimado por la cartera, tendría un costo fiscal anual en torno a US$ 23 millones.

La Asociación de Bancos valoró los anuncios. En el caso del apoyo a los hogares, el gerente general del gremio, Luis Opazo, indicó que facilitará que puedan evaluar esquemas de pagos alternativos; y, en cuanto a las garantías a las empresas constructoras, precisó que permitirá expandir las operaciones crediticias a aquellas que actualmente no estaban consideradas, y que dado su tamaño son actores relevantes en la actividad y generación de empleo.

Desde CLAPES UC destacaron la medida. "El proyecto se hace cargo de un problema que aqueja a muchos hogares", dijo el investigador de la entidad, Alberto Belmar.

Además, tendría un impacto positivo en los sectores del comercio y en la construcción, y "debiese ser bienvenido por la banca", agregó.

Sin embargo, advirtió que luego de esta implementación lo razonable es que los hogares "no vuelvan a sobreendeudarse".

Fraudes y tarjetas de crédito: la tercera arista de la iniciativa que irá al Congreso

El tercer punto del proyecto de ley anunciado por la cartera liderada por Mario Marcel busca diarionnanciera/drgnitehall introducir regulaciones a la Ley N° 21.324 o ley de Fraudes, para minimizar el riesgo de auto fraude por parte de los usuarios.

El perfeccionamiento de la Ley de Fraudes vigente es otro de los focos que atiende el proyecto de ley presentado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Según el secretario de Estado, lo que hizo la modificación a dicha norma fue limitar la responsabilidad de los usuarios, por lo cual en el caso de un fraude con una tarjeta eran los bancos quienes debían asumir el cargo. "El problema es que la aplicación práctica de la ley y sus condiciones han significado un aumento significativo de los fraudes", señaló

Marcel explicó que antes de la entrada en vigencia de la Ley, por cada $ 1 millón transados en el sistema, se reportaban $ 93 de fraude, mientras que en la actualidad lo reportado asciende a $ 587. O sea, precisó, hubo un salto de más de cinco veces.

En esta línea, el ministro agregó que han podido constatar diferentes tipos de autofraudes, por lo que el proyecto se va enfocar en introducir cuatro regulaciones principales para minimizar su riesgo.

En primer lugar se va a modificar el estándar de culpa, pasando de culpa grave a leve, permitiendo que las ins- tituciones ejerzan acciones legales.

Segundo, los plazos de reembolso pasarán de cinco a diez días, ampliable en caso de que la transacción supere las 35 UF.

En tercer término se van a otorgar facultades a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para dictar estándares mínimos que permitan a las instituciones excusarse de reembolsar cuando acrediten que cumplen con los estándares mínimos de seguridad en el manejo de tarjetas.

Por último, no se va a permitir desconocer transac- ciones realizadas en cuentas propias ni tampoco cuando el usuario reconozca que entregó la clave de forma voluntaria a terceros.

Marcel graficó que existen situaciones donde se han reportado fraudes de personas que realizan retiros en cajeros automáticos, y que luego desconocen, olvidándose de que existen cámaras de seguridad que evidencian el hecho. Acotó que pese a las pruebas "los plazos para efectuar los pagos y el límite de las 35 UF, limitan a las instituciones financieras para demandar o tomar acciones judiciales contra estas personas", afirmó.

El ministro indicó que esto se relaciona con el endeudamiento, porque "mientras mayor sean los fraudes, más es el costo financiero que van a enfrentar todos los usuarios". Además, suma que el mayor número de fraudes se ha producido entre usuarios de BancoEstado, lo que se traduce en menos aportes al Fisco y a los própositos que tiene el gasto público. (Alberto Belmar)