¿Fiscalizados capacitando a fiscalizadores? Contraloría detiene convenio entre CChC y Seremi de Vivienda de Valparaíso destinado a directores de obras municipales

El acuerdo entre dicho organismo y la Cámara Chilena de la Construcción buscaba reunir en sedes del gremio constructor a funcionarios de Direcciones de Obras Municipales de la región responsables de revisar proyectos. La CGR lo invalidó luego de una denuncia reservada.

Fuente: Interferencia

Fecha: 29.08.2024

A partir de una denuncia reservada, la Contraloría General de la República (CGR) obligó a la Seremi Minvu de Valparaíso -a cargo de la socióloga Belén Paredes (IND)- a invalidar un convenio establecido en 2023 entre dicho organismo y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que buscaba “abordar problemáticas asociadas a la labor de revisión de proyectos en las direcciones de obras municipales de la región”.

Así, la CGR declaró inadmisible que instituciones con funciones fiscalizadoras “regulen contractualmente con terceros el ejercicio de sus deberes legales” en reuniones y capacitaciones que encima se desarrollarían en la sede del gremio constructor, en las cuales participarían “funcionarios públicos que intervienen en los diversos procedimientos asociados al objetivo principal de esa entidad privada” (ver documentación adjunta).

La denuncia llegó a partir de una persona bajo reserva de identidad, quien solicitó un pronunciamiento “que determinara la legalidad del convenio de colaboración suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso (Seremi Minvu) con la Cámara Chilena de Construcción AG., el cual no se encuentra publicado en el banner de transparencia activa de ese servicio”. (ver denuncia adjunta).

Lo anterior, porque según se expuso en la denuncia, “los objetivos fijados en dicho documento vulneran la independencia de la labor de supervigilancia de ese servicio e incluye implícitamente a los directores de obras municipales (DOM)”.

En su dictamen, la CGR recordó que el Ministerio de Vivienda, a través de las Seremi, “deberá supervigilar las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y técnicas sobre construcción y urbanización y, por la otra, su artículo 12 dispone, en lo que importa, que dichas Secretarías Regionales podrán resolver las reclamaciones interpuestas en contra de las resoluciones dictadas por los directores de obras”.

Al ser requerida al respecto, desde la Seremi se indicó que “a la fecha, no ha tomado conocimiento de ningún caso que infrinja el principio de probidad” y que “en la cláusula octava del acuerdo de voluntades se consignó expresamente que las partes no tienen relación laboral alguna con los eventuales empleados, directos o subcontratados que la otra parte pudiese tener a su cargo”.

La información fue dada a conocer por la Fundación Defendamos la Ciudad, cuyo presidente Patricio Herman, manifestó que “estamos ante un acto impropio, incluso vergonzoso y hasta corrupto, cometido por la funcionaria representante en la Región de Valparaíso del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Al procederse en tal sentido se cometió una flagrante infracción al principio de probidad y se intentó evadir la aplicación de la Ley N° 20.730 referida al lobby que ejercen los privados ante las autoridades que toman decisiones. Estamos seguros que el ministro Montes no pudo avalar esta forma de arreglo encubierto que desconocían todos los alcaldes (as) de las municipalidades de la región”.

Análisis y conclusiones

El escrito establece que “la Seremi Minvu aprobó el convenio de colaboración suscrito con la Cámara Chilena de la Construcción A.G., que en su cláusula segunda, establece que su objeto es constituir el “Grupo de Trabajo DOM Valparaíso”, que permite abordar, mediante tareas y reuniones periódicas y sistematizadas, las problemáticas de la labor de revisión de proyectos en las DOM de la región de Valparaíso y su relación con el correcto desarrollo del Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025”.

A partir de ello, “la cláusula tercera del mismo convenio previó como objetivos específicos, en lo que importa, generar un marco de colaboración que permita abordar problemas en el funcionamiento de las DOM de las 38 comunas de la región en lo relacionado con la tramitación de proyectos de construcción; así como un espacio de discusión en torno a temáticas referidas al desempeño del Plan Habitacional y promover el fortalecimiento de la labor de supervigilancia de la Seremi Minvu”.

“En lo que interesa, la cláusula quinta fijó como compromiso de la Seremi Minvu llevar a cabo la realización de actividades de capacitación, requiriendo el apoyo de los demás participantes del convenio, y de la Cámara Chilena de Construcción AG., facilitar el espacio físico para las reuniones y apoyar las capacitaciones entre asociados de esa entidad y los funcionarios de las DOM y de la Seremi Minvu, en materias vinculadas al convenio”, consignó la CGR.

Por ello, si bien el Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025 considera que la Seremi Minvu firme convenios de colaboración con entidades privadas, que permitan mejorar el cumplimiento de sus fines y lograr los objetivos fijados en el aludido programa. “Sin embargo, ello no puede implicar la afectación de la independencia con que dicho organismo debe ejercer sus atribuciones”, sostuvo el ente contralor.

Lo anterior, por cuanto “resulta inadmisible que los órganos de la Administración del Estado, especialmente aquellos a los que la ley ha asignado funciones fiscalizadoras, como aquellas dispuestas en los citados artículos 4° y 12 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, regulen contractualmente con terceros el ejercicio de sus deberes legales, toda vez que importaría limitar la necesaria autonomía con que esos órganos deben desempeñar sus funciones, lo que ocurre en la especie con las cláusulas reproducidas en los párrafos precedentes, puesto que permiten la intervención de terceros ajenos a la Administración en las capacitaciones y en la eventual revisión de la intervención de las DOM de la región”, aseveró el organismo.

Asimismo, cumple con hacer presente que “el uso de la sede de la Cámara Chilena de la Construcción A.G., para la realización de reuniones, en las cuales participen funcionarios públicos, que intervienen en los diversos procedimientos asociados al objetivo principal de esa entidad privada, y eventuales conversaciones en torno a situaciones cuya resolución se encuentra pendiente por parte de las DOM o de la Seremi Minvu, podría significar una infracción al principio de probidad y una forma de evadir la aplicación de la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios”. (Joaquín Riffo B.)