Medio Ambiente opta por pausar definición de 99 sitios prioritarios ante presión del sector privado

De manera transversal los gremios empresariales celebraron la decisión de la cartera liderada por Maisa Rojas. Habían reclamado que la norma impedía actividades productivas en dichas áreas.

Fuente: Capital

Fecha: 14.11.2025

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En medio de las críticas que se han desatado en torno a la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), este jueves el Ministerio del Medio Ambiente informó una decisión relevante: desacelerará el tranco respecto a la definición de los sitios prioritarios.

“Como resultado del masivo proceso de consulta pública y de los diálogos sostenidos por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Aarón Cavieres, con gremios productivos y sociedad civil, sobre sitios prioritarios, el Ministerio informa que no avanzará en la definición de este primer listado hasta que los insumos surgidos de estos procesos sean analizados en profundidad”, sostuvo en un comunicado.

Esto implica esperar el término de la participación ciudadana sobre los 99 sitios prioritarios, así como de una consulta indígena del reglamento que abarca puntualmente este aspecto de la Ley SBAP. Luego de eso, comentaron fuentes, vendrá un análisis cuyo fin no tendría una fecha clara.

La extensión de la consulta pública para los 99 lugares culmina el 2, 3 y 4 de diciembre en las macrozonas norte, central y sur, respectivamente. En tanto, respecto de la consulta indígena, se están cerrando los diálogos regionales y para diciembre está previsto el diálogo nacional.

El ministerio liderado por Rojas aseguró que han llevado adelante este proceso de acuerdo con lo establecido en el artículo octavo transitorio de la Ley 21.600. “Los aportes recibidos en el marco de la consulta pública aún vigente, que a la fecha ha recibido más de 2 mil observaciones, permitirán robustecer esta política pública y dar certeza sobre su alcance a todos los actores”, precisó.

Y recalcó: “El Ministerio del Medio Ambiente se encuentra trabajando decididamente para despejar dudas y atender las observaciones recibidas, con el compromiso de mantener el diálogo e impulsar un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás”.

A fines de octubre, los principales gremios productivos del país encendieron las alarmas por la implementación de la Ley SBAP respecto de la determinación de 99 sitios prioritarios a proteger a lo largo de Chile, los cuales -según advirtieron los privados- pondrían en jaque las actividades que actualmente se desarrollan en dichas áreas. Esto gatilló que la ministra Rojas saliera a “desmitificar” parte de las críticas y anunciara una extensión de la consulta pública por 21 días hábiles.

Si bien el SBAP tiene que estar implementado en los próximos meses ya que entra en operación el 1 de febrero, la definición de los sitios prioritarios -que es un transitorio de la ley en cuestión- lo más probable es que quede para el próximo Gobierno.

El mundo privado celebra

“El proceso estaba avanzando sin contar con un marco normativo previamente establecido”, criticó la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, luego del anuncio de Medio Ambiente. “La implementación de la Ley de SBAP debe realizarse con apego a lo que ella misma estableció, lo que implica contar con un reglamento para fijar la metodología de definición de sitios prioritarios”.

Fue una de las múltiples voces que celebró la noticia. La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, declaró que “debemos cuidar la legitimidad de esta ley, lo que depende de que esta etapa se lleve adelante con rigurosidad científica y criterios metodológicos claros y conocidos por todos”.

Lo mismo hizo la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), que salió a respaldar la decisión del Ejecutivo, y dijo que el listado de 99 sitios “evidenciaba una actuación apresurada” y “sin sustento técnico”. Su presidente, Jorge Riesco, agregó que “la unión de los principales gremios productivos de Chile en torno a esta materia ha demostrado que cuando el sector privado trabaja coordinadamente, podemos contribuir a mejorar las políticas públicas y dar cuenta que una mala implementación tiene costos enormes para el desarrollo y progreso del país”.

El presidente de SalmonChile, Arturo Clément, argumentó que “esta acción evidencia que el proceso llevado a cabo hasta ahora carecía de la debida transparencia y participación de los actores involucrados”.

Además, planteó que quedan más de una decena de reglamentos de la Ley SBAP para ser analizados: “Para la elaboración de una buena política pública, se debe trabajar escuchando a todos los sectores y no solo a unos pocos”.

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Distintos juristas apuntaron a que la decisión del Gobierno está lejos de dejar cerradas las preocupaciones del mundo privado.

El asesor de la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y Dueños de Concesiones Mineras, Juan Carlos Urquidi, advirtió que “todavía queda un plazo legal para la promulgación de los reglamentos de hasta tres años más por lo que suspender el proceso de consulta no resuelve los problemas de fondo de la ley ni elimina los riesgos de la instalación legal de los sitios prioritarios”. Esto, profundizó, porque las resoluciones del MMA siguen en pie y no han sido anuladas.

Por su parte, el socio de Jana Leiva Álvaro Jana, señaló que el procedimiento estaba “estructuralmente viciado” debido a que un sitio prioritario no se puede determinar sin estar vigente el reglamento que debe establecer el procedimiento y los criterios para ello.

“Es de esperar que se aproveche la dictación de este reglamento para aclarar o solucionar algunos aspectos de la Ley SBAP que en caso contrario se anticipan conflictivos y por tanto generadores de litigios, dado por el impacto que podrían tener en derechos adquiridos y en las actividades y procesos amparados por estos derechos”, dijo.  (K. Peña y P. Marchetti)