Números y caras en el millonario "negocio inmobiliario" de las FF.AA.

Un millón 600 mil hectáreas –repartidas en 5.100 paños de Arica a Punta Arenas, de los cuales 2.410 ya son susceptibles de ser enajenados con fines comerciales– componen los terrenos que se encuentran bajo administración de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, según reveló el periodista Dauno Tótoro en su libro "Prohibido el paso: Propiedad Militar”.

Fuente:. El Mostrador

Fecha: 18.06.2022

El número es considerable si se atiende no ya solo a la necesidad del Estado por impulsar una política pública que apunte a crear un banco de suelos –algo que bien contribuiría a mitigar la profunda crisis habitacional que vive el país–, sino también a la hora de contemplar el mecanismo de traspaso de propiedad fiscal a las Fuerzas Armadas y la incapacidad de parte del poder civil de recuperar parte de esos terrenos para el bien común.

Mientras los diputados intentan revivir un proyecto que apunta a la recuperación de parte de tal patrimonio, la investigación reflota la trenza política que ha posibilitado la enajenación de propiedad fiscal y la facilitación de negocios inmobiliarios, así como los beneficios que estas operaciones han reportado a los grupos económicos que adquieren dichos terrenos, entre los que se encuentran la inmobiliaria Parque San Luis y constructora Sinergia, de las familias Cueto y Sarquis; Invermex, vinculada a Enrique Krauss y Sebastián Piñera; el holding CorpGroup, del empresario Álvaro Saieh; VMB Ingeniería Estructural, de Rodrigo Mujica Vizcaya; la constructora Besalco, una tradicional empresa de la plaza, propiedad de la familia Bezanilla; y la Inmobiliaria Ralei, de la familia Rappaport.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) intenta armar un rompecabezas territorial con piezas que ni siquiera logra identificar del todo ni precisar en una cifra exacta. En esa cartera aceptan que la pobreza de datos sistematizados –algo que se ha hecho patente en la administración pública– retarda un proceso que, en último sentido, tiene por objeto crear el primer banco de suelos fiscales, reservado para impulsar la nueva política en vivienda. Se sabe, a grandes rasgos, que un tercio del territorio nacional es de propiedad fiscal (alrededor de 250 mil kilómetros cuadrados, más que la superficie de Uruguay) y que la mitad de esta superficie ha sido destinada a instituciones del Estado para que allí puedan levantar hospitales, escuelas, estadios, parques, regimientos, bases, etc. Alrededor del 50% de estas “destinaciones” está en manos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Dauno Tótoro, periodista e investigador, ha venido haciendo el trabajo de reunir y cruzar información dispersa, y ya tiene ante sí un rompecabezas territorial –que da a conocer en su último trabajo, el libro Prohibido el paso: Propiedad Militar (editorial Ceibo)–, cuyos números nadie, ninguna institución, ha salido a rebatir hasta ahora: las FF.AA., en su conjunto, tienen bajo su poder alrededor de 1.600.000 hectáreas de superficie, con un porcentaje importante de ellas sujetas al régimen de Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), lo que permite que dichas instituciones puedan poner estos terrenos a disposición del mercado. “Hablamos de terrenos cedidos a las instituciones para que fuesen utilizados en sus labores de defensa, pero muchos de ellos están ahí, ociosos y al servicio de la especulación de suelo, y en esto vemos que las Fuerzas Armadas se han comportado como verdaderas compañías inmobiliarias”, señala.