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Política habitacional: el quiebre de un sistema que funcionaba

  • Foto del escritor: Alexander Chest
    Alexander Chest
  • 11 feb
  • 3 Min. de lectura

El sistema entrega menos unidades y cada una es más cara.





Fuente Ex Ante

Fecha: 24.01.2026






Viviendas en Quilpué entregadas a familias afectadas por incendio
Viviendas en Quilpué entregadas a familias afectadas por incendio

El paradigma de la vivienda social cambió -mayor estándar, exigencias y calidad-, pero el resultado es más fragilidad: con restricción fiscal o atasco administrativo, el volumen se desploma.


Chile lleva décadas usando la vivienda como promesa: trabajar, ahorrar, postular y, con apoyo del Estado, acceder a un hogar. Ese “contrato social” funcionó porque, con programas mejores y peores, el Estado -subsidios, SERVIU, suelo y coordinación con privados- sostuvo por años un ritmo alto de producción y mejoramiento.


El quiebre reciente es evidente y se observa en el pulso del sistema. La serie histórica del CECT/MINVU de subsidios asignados, crece desde 1990 hasta 2021, año en que alcanza 288.741 asignaciones. La tendencia se revierte respecto de 2021: en 2022 cae 37%, en 2023 un 39% y en 2024 un 41%. En 2025, con corte a octubre, se registran solo 30.358 asignaciones, equivalentes a un 10,5% del volumen de 2021.


La asignación promedio subió de 295 UF en 2021 a 830 UF en 2025, un alza de 181%, rompiendo el equilibrio histórico entre costo y volumen de soluciones. El sistema entrega menos unidades y cada una es más cara. El paradigma de la vivienda social cambió -mayor estándar, exigencias y calidad-, pero el resultado es más fragilidad: con restricción fiscal o atasco administrativo, el volumen se desploma.


Los incendios de Valparaíso han sido una muestra dramática de la incapacidad del Estado de responder a las urgencias habitacionales, y los incendios recientes aumentarán la necesidad de soluciones expeditas. En el caso de Valparaíso, la estrechez fiscal derivó en la creación del Fondo de Emergencia Transitorio (Ley 21.681), por hasta $800.000 millones y con vigencia hasta 2026. En paralelo, el Fondo de Estabilización Económica y Social alcanzaba apenas US$3.869 millones a octubre de 2025, muy por debajo de sus niveles históricos, mientras el Consejo Fiscal Autónomo advertía sobre estrechez fiscal.


A este cuadro se suma San Antonio: la megatoma y su expropiación. Cuando el Estado abre una salida “extra-regular”, financiada mediante reasignaciones de recursos, tensiona la fila y las reglas del sistema, y crea un precedente difícil de administrar en un contexto de déficit habitacional persistente.


Se informó que el financiamiento provendría de recursos no ejecutados de SERVIU en regiones del sur -desde Ñuble a Aysén-, que implica postergar soluciones habitacionales a familias que esperan hace años. El MINVU ha señalado que son reasignaciones por subejecución y que no restarían soluciones comprometidas.


Esto revela un problema mayor: cuando las prioridades y reglas pierden claridad, la confianza en el sistema se debilita. Asimismo, abre la interrogante sobre la capacidad del Estado para administrar un modelo que fue exitoso hasta hace pocos años.


La incapacidad del Estado para responder al déficit habitacional en los sectores de menores ingresos tiene efectos que trascienden la vivienda: precariza la vida cotidiana, debilita la trayectoria educativa de niños y jóvenes, facilita el riesgo de captura territorial por el crimen organizado y economías ilegales, especialmente en asentamientos informales.


El próximo gobierno recibirá un Estado con déficit fiscal y limitaciones importantes, promete reducir el gasto en US$6.000 millones y, a la vez, propone el “Plan Tu Casa” como medida de acción en esta área. La aritmética es implacable: o se prioriza explícitamente la vivienda, o se ajustan expectativas, o se buscan nuevas fuentes de financiamiento.


Para cumplir lo comprometido, se requiere un sistema que incluye múltiples tipos de apoyo, y priorizar programas que apunten a resolver lo más urgente, vivienda inicial con acceso a servicios esenciales y potencial de mejoramiento futuro. Es también central transparentar costos, innovar en el sistema de financiamiento y una reingeniería del sistema para recuperar escala y efectividad. (Rodrigo Blanlot)



 
 
 

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