Toma en San Antonio: Poduje propone nuevo desalojo y crear una ciudad para que “nadie se salte la fila”

El cerro Centinela ya no tiene las casas que durante casi siete años transformaron sus laderas en una de las mayores tomas del país. El desalojo de la mitad del terreno llega a su fin. Pero el ministro de Vivienda tiene un ambicioso proyecto para la zona.

Fuente: Ex Ante

Fecha: 25.08.2026

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Lo nuevo. Este lunes 24 de agosto, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio dio por recepcionado el total de su terreno que no fue expropiado. Y aunque la empresa valora el desalojo ejecutado durante los últimos meses, sostiene que se trata de una recuperación apenas parcial de lo que le pertenece.

• El 50% del lugar fue expropiado por el Gobierno de Boric. El actual ministro de Vivienda Iván Poduje plantea que esa parte debe desalojarse “igual que la otra mitad. Mismo proceso, solo que en este caso las cooperativas tienen que organizarse en comités de vivienda para postular. Pero deben ponerse en la fila”.

• Poduje visitará esta semana San Antonio a explicar el modelo. “Tenemos hasta un diseño. Dividimos el terreno en lotes. Lote 1A-5 = 52.1 hectáreas, lote 1A-3 = 32.8 hectáreas y lote 1A-1 = 25.6 hectáreas. Área total de expropiación 110.5 hectáreas”.

• El proyecto se llama Ciudad Barrancas.  “Se hace en terreno fiscal y se asigna por antigüedad y vulnerabilidad considerando todos los comités de San Antonio”, explica el ministro.

El plano. “Mira, este terreno fiscal ya es del Serviu para todos los efectos prácticos. Nosotros cuando tenemos terrenos fiscales tenemos que hacer proyectos, proyectos de urbanización, loteos, casas y departamentos”, explica el ministro Poduje. “O sea, nosotros no podemos consolidar una toma en un terreno fiscal y además tenemos una demanda enorme de gente que vive hacinada o allegada o arrendando en la ciudad de San Antonio”.

Poduje entrega más detalles de su planteamiento. “El jueves vamos a San Antonio y nos vamos a juntar con los comités, con el alcalde, va a ser una orden de prelación. ¿Qué quiere decir eso? Las familias que están hoy día ocupando el terreno tienen que organizarse en comité y tienen que postular en conjunto con las familias que están fuera de la toma. Nadie se salta la fila, entonces esas familias tienen que salir”, advierte.

Prosigue: “Hay un diseño de la construcción del proyecto y de la urbanización. La construcción de las casas y las familias se asignan mediante postulación. Ese es el modelo que estamos proponiendo y ya terminamos el diseño con nuestro equipo. Así que en tres semanas parte el proceso de desalojo”.

“Por supuesto que hay que informar a la gente. Primero relocalización, se hacen desalojos selectivos, sectores que tienen denuncias de inseguridad o de tráfico de droga, lo que sea, y luego se hace un trabajo con las comunidades igual como se hizo en las 100 hectáreas desalojadas”.

Historia de una toma. La disputa por el cerro Centinela comenzó hace casi siete años, cuando el terreno fue ocupado. Desde entonces, la empresa inició una larga batalla judicial para recuperar la propiedad. La Corte de Apelaciones de Valparaíso como la Corte Suprema reconocieron desde un comienzo su derecho sobre los terrenos. Finalmente el entonces ministro Carlos Montes anunció la expropiación de la mitad del terreno y el desalojo de la otra parte.

La empresa responsabiliza especialmente al anterior gobierno y al Ministerio de Vivienda de Boric de haber prolongado las negociaciones para evitar concretar el desalojo. Cuando los plazos judiciales se acercaban a su término, sostiene, el Ejecutivo invocó una crisis humanitaria y anunció la expropiación de parte del terreno.

Diego Pereira, abogado de la Inmobiliaria San Antonio, explica: “Durante dos años, el gobierno anterior y en particular el ministro de Vivienda, entrampó en negociaciones absurdas que solo buscaron ganar tiempo para evitar cumplir el fallo de la justicia en el periodo electoral y cuando los plazos se vencían, se anunció la expropiación (de la mitad del terreno) sin diálogo ni comunicación alguna con la empresa”.

Fuera de la ley. La investigación y los antecedentes conocidos durante el conflicto también pusieron en duda la idea de que todos los ocupantes fueran familias vulnerables que simplemente no tenían dónde vivir. La propia empresa sostiene que numerosos terrenos fueron comercializados sucesivamente y que hubo personas que obtuvieron beneficios económicos a costa de la propiedad ocupada.

El desalojo comenzó en enero y terminó este mes, después de distintas etapas y con un importante despliegue policial. Más de 800 viviendas fueron desarmadas y centenares de familias debieron abandonar el lugar.

Ahora, donde estaba la toma quedan terrenos que deberán ser cerrados, despejados y resguardados para evitar nuevas ocupaciones. (Marcelo Soto)