Créditos y propiedades: nuevas reglas para datos personales
La Ley N° 21.719 elevará las exigencias para inmobiliarias, corredoras, bancos, notarías y otros actores que intervienen en operaciones de compraventa y financiamiento.
Fuente: El Mercurio
Fecha: 06.09.2026
Comprobante de ingresos patrimonio capacidad de ahorro, antecedentes comerciales y documentos financieros son algunos de los documentos que una persona requiere presentar al solicitar un crédito hipotecario o comprar una propiedad. Desde la próxima entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, se deberá revisar cómo esos antecedentes son recopilados, almacenados y compartidos.
El cambio alcanzará a inmobiliarias, corredoras, brokers, bancos, notarías, tasadores y proveedores tecnológicos, entre otros actores que pueden intervenir en distintas etapas de una operación. La normativa contempla multas que pueden llegar a 20.000 UTM para las infracciones gravísimas y crea una Agencia de Protección de Datos Personales encargada de fiscalizar su cumplimiento.
La exigencia será especialmente relevante cuando los datos circulen entre distintos actores de una operación, como bancos, Inmobiliarias, corredores, tasadores y proveedores. Por ello, las empresas deberán revisar formularios, bases de datos y plataformas para definir qué información recopilan, con qué finalidad, quién puede acceder a ella y evitar que sea utilizada para fines distintos.
“En el sector inmobiliario se trabaja con información financiera y patrimonial que puede ser especialmente delicada para las personas. Por eso, el cumplimiento no depende únicamente de lo que haga una empresa de manera interna sino de la forma en que se coordina con todos los actores que participan en el proceso”, explica Karina Cerda, abogada de la Fiscalía de Asuntos Corporativos y Legales de JetBrokers.
Lo que debería estar en marcha
Entre las principales medidas está identificar qué datos maneja cada organización, para qué los utiliza, quién puede acceder a ellos y cuánto tiempo es necesario conservarlos. También se deben revisar formularios y contratos para asegurar que el consentimiento sea libre, específico e informado.
A esto se suma la actualización de políticas de privacidad y acuerdos con proveedores que tengan acceso a información de clientes, junto con protocolos para responder ante filtraciones y capacitaciones para los equipos que manejan estos antecedentes.
“Pedir una gran cantidad de documentos ‘por si acaso’ y guardarlos indefinidamente son conductas que tendrán que cambiar. La lógica debería ser sencilla: pedir solo lo necesario, para un propósito determinado, protegerlo y eliminarlo cuando ya no corresponda conservarlo”, sostiene Carola Álvarez, CEO de Inversiones Alval.
Para las empresas, el desafío no será solo cumplir, sino demostrar que adoptaron medidas concretas. “La adecuación debe abordarse como un proceso transversal, no solamente como una exigencia legal”, concluye Cerda. (Carolina Miranda Callejas)
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