Los reparos en Providencia y Ñuñoa a la OGUC que inquietan a las inmobiliarias: "La lógica electoral le gana a la urbana"

"Aumentar la densidad no puede ser a costa de todo lo demás", dijo el alcalde Bellolio, quien defendió los ajustes al plan regulador.
Fuente: Emol
Fecha: 20.11.2026

Son reparos que se vienen manifestando hace unas semanas pero que ahora incrementaron con más fuerza.
¿La razón? El intento de Providencia por ajustar su Plan Regulador Comunal para contener parte de los efectos de la nueva Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), sumado al recurso judicial presentado por vecinos de Ñuñoa para frenar su aplicación, abrieron un nuevo flanco para la política habitacional del Gobierno y que también inquieta al sector inmobiliario.
Esto, porque la medida abre la posibilidad de que las restricciones municipales terminen neutralizando los cambios normativos con los que el Ejecutivo busca aumentar la oferta de viviendas y reactivar la construcción.
Aunque las iniciativas responden a caminos distintos -una modificación urbanística y una ofensiva judicial- ambas reflejan la resistencia que ha generado el decreto en comunas consolidadas de Santiago.
Y en la industria advirtieron que el problema podría trascender a esos dos municipios, instalando incertidumbre sobre las reglas que regirán el desarrollo inmobiliario y sobre la capacidad de construir viviendas en sectores con buena conectividad.
El gerente inmobiliario de Colliers, Sergio Correa, planteó que lo ocurrido en Providencia podría replicarse en otras comunas. "Es muy probable, sobre todo en comunas consolidadas y bien conectadas, que es justamente donde el DS 68 tiene más efecto", sostuvo. A su juicio, la fragmentación de la planificación urbana dificulta una política habitacional de alcance metropolitano: "Mientras eso no ocurra, cada política de vivienda va a chocar con decenas de visiones distintas de ciudad".
El intento de Providencia por contener la densificación
La decisión del municipio encabezado por Jaime Bellolio de impulsar una enmienda a su Plan Regulador Comunal apunta directamente a dos cambios introducidos por el DS 68: el nuevo cálculo de densidad habitacional y la flexibilización de las condiciones para desarrollar conjuntos armónicos.
Uno de los ajustes más relevantes de la OGUC redujo de cuatro a 2,8 el número de habitantes considerados por vivienda para calcular la densidad. Además, estableció un factor de 1,4 habitantes por vivienda para proyectos ubicados a menos de 600 metros del transporte público. Según los antecedentes expuestos por el municipio, esta última condición alcanzaría al 80,5% de Providencia.
La administración comunal estima que la aplicación de estos criterios podría llevar a que viviendas que hoy tienen una superficie promedio de 80 m2 terminen reduciéndose hasta los 28 m2 en determinados sectores. Para evitarlo, propone disminuir hasta en 20% la densidad permitida en las zonas donde busca contener el crecimiento, mientras que en áreas centrales pretende facilitar una mayor intensidad de uso de suelo, incluida la reconversión de oficinas en viviendas.
El segundo frente está en los conjuntos armónicos. La nueva normativa flexibilizó las condiciones para acogerse a este mecanismo, que entrega beneficios de edificación y que, bajo los nuevos criterios, podría permitir proyectos de mayor altura y superficie en terrenos más pequeños. Providencia busca reemplazar parte de esos beneficios por incentivos asociados a viviendas de interés público y criterios de sustentabilidad.
La propuesta contempla aumentos de hasta 20% en altura y de hasta 30% en constructibilidad para proyectos que cumplan esas condiciones. También considera postergar permisos de edificación en las zonas afectadas, por períodos de entre tres y 12 meses, mientras se tramita la modificación.
Bellolio defendió que la iniciativa no busca frenar el acceso a la vivienda, sino establecer límites al crecimiento. "Estamos equilibrando los objetivos de la OGUC con la identidad de Providencia", afirmó a Emol. Y agregó: "Creemos en el acceso a la vivienda, pero con calidad de vida, con barrio, con lo que llamamos vida buena".
El alcalde también cuestionó que la densificación se aplique de manera homogénea en toda la comuna. "Vamos a densificar con criterio. Queremos que la modernización respete la vida buena que es patrimonio de la comuna y que, como administración, prometimos defender y promover", señaló.
Sin embargo, desde la industria la lectura es distinta. Correa sostuvo que Providencia reúne condiciones particularmente favorables para absorber nuevos proyectos residenciales, debido a su infraestructura de transporte. "Si hay un lugar donde densificar tiene sentido, es ahí", afirmó, apuntando a que la comuna cuenta con cuatro líneas de Metro operando y otras dos en desarrollo.
El ejecutivo cuestionó, además, que las decisiones sobre densificación respondan principalmente a los intereses de quienes ya residen en cada territorio. "El problema de fondo es que los alcaldes responden a quienes ya viven en su comuna y no a quienes quieren llegar. La lógica electoral le gana a la urbana", planteó.
El flanco judicial que se abrió en Ñuñoa
Mientras Providencia busca modificar su normativa comunal, en Ñuñoa la resistencia al DS 68 tomó la vía judicial. Un grupo de vecinas presentó un recurso de protección contra el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, solicitando dejar sin efecto las disposiciones del decreto.
La acción -según consignó el Diario Financiero- fue impulsada por representantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc) y dirigentes vecinales de la comuna. La Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso únicamente respecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al que solicitó entregar un informe sobre los cuestionamientos. La cartera pidió una ampliación del plazo para responder, argumentando "la complejidad de la materia recurrida y la necesidad de recabar la información", solicitud que fue acogida por el tribunal.
Las reclamantes sostienen que el decreto introduce excepciones que, lejos de constituir beneficios urbanísticos, afectarían derechos de los residentes. En su presentación plantean que la normativa podría perjudicar "los derechos al asoleamiento, privacidad, desplazamiento, aireamiento" y el uso de zonas con protección especial.
También cuestionaron que el DS 68 pretenda alterar las condiciones establecidas en los instrumentos de planificación territorial. "Este DS 68, de hecho, pretende trasgredir los planes reguladores y leyes urbanísticas en materia de densidad, capacidad máxima de edificación y altura máxima", sostienen.
El caso se suma al requerimiento presentado por parlamentarios ante el Tribunal Constitucional, que ya fue declarado admisible. Esa instancia deberá revisar si el Ejecutivo excedió sus atribuciones reglamentarias y vulneró la autonomía municipal al modificar, mediante un decreto, condiciones que inciden en los planes reguladores.
El Ministerio de Vivienda, por su parte, ha defendido la normativa como una herramienta para dinamizar la construcción, ampliar el acceso a la vivienda y acelerar la reconstrucción en zonas afectadas por catástrofes.
El riesgo de que otras comunas sigan el camino
La preocupación del sector inmobiliario no se limita a Providencia. Claudia Sepúlveda, gerenta inmobiliaria de GPS Property, señaló a Emol que distintas municipalidades ya están actualizando sus instrumentos de planificación, aunque varios de esos procesos comenzaron antes de la entrada en vigencia del DS 68.
Entre ellas menciona a La Florida, que está en etapa de consulta de la Imagen Objetivo de la modificación número 15 de su plan regulador; Vitacura, que inició formalmente la actualización de su instrumento en septiembre, y San Bernardo, que también avanza en ese proceso.
La ejecutiva advirtió que los municipios no necesariamente necesitan esperar una actualización completa para introducir restricciones. "Mediante una enmienda, un proceso bastante más acotado que la modificación o actualización de un PRC, las comunas podrían bajar sus densidades hasta en un 20%, aplicando el artículo 2.1.13 de la OGUC", explicó.
A eso suma la posibilidad de postergar permisos de edificación hasta por 12 meses y el uso de incentivos normativos que pueden dejar sin aplicación los beneficios de conjunto armónico en determinadas áreas. En su análisis, estas herramientas podrían tener consecuencias precisamente en los sectores donde el Gobierno busca impulsar la construcción.
Correa coincidió en que la capacidad de los municipios para intervenir sus planes reguladores puede reducir el alcance práctico de la normativa. "Un plan regulador no puede cambiar los coeficientes de la OGUC, pero sí puede bajar densidades, alturas y constructibilidades, y en la práctica neutralizar buena parte del efecto del decreto", afirmó.
Y apuntó a que, mientras se tramitan esos cambios, la postergación de permisos puede convertirse en una herramienta inmediata para frenar proyectos. "En el corto plazo, la herramienta más relevante es la postergación de permisos, que puede congelar el desarrollo hasta por 12 meses mientras se tramita la modificación", advirtió
Menor oferta y presión sobre los precios
Uno de los principales efectos que anticipa la industria es que una menor capacidad para construir en comunas consolidadas termine reduciendo la oferta de viviendas en sectores con alta demanda. Sepúlveda advierte que limitar la densidad podría dificultar especialmente el desarrollo de unidades de menor precio.
"Reducir la oferta de los productos que se demandan presiona sus precios al alza", remarcó. La ejecutiva agregó que actualmente "el 70% de la oferta y de las ventas se concentra en viviendas de hasta 4.000 UF", por lo que el riesgo es que se vuelva más difícil ofrecer unidades de hasta 3.000 o 4.000 UF en comunas con buena conectividad y acceso a servicios.
La preocupación también apunta al desplazamiento de proyectos hacia zonas periféricas. Según Sepúlveda, permitir menos viviendas por terreno afecta el valor que las inmobiliarias pueden pagar por el suelo y, si las expectativas de los propietarios no se ajustan, las empresas podrían buscar terrenos más baratos en sectores alejados.
"Eso puede trasladar la construcción hacia sectores más alejados, con menor conectividad, transporte público y equipamiento", enfatizó. En ese escenario, agregó, también se dificultaría el acceso de las familias a barrios que ya cuentan con infraestructura y servicios.
Correa planteó que la incertidumbre regulatoria ya tiene consecuencias sobre las decisiones de inversión. "Mientras no esté claro qué norma va a regir, nadie compromete capital", añadió. Según profundizó, las inmobiliarias pueden congelar compras de terrenos y lanzamientos, prolongando la espera para una industria que necesita certezas para retomar su actividad.
El ejecutivo enfatizó que el impacto no se restringe a las empresas inmobiliarias: "La construcción mueve una cadena productiva enorme, que incluye proveedores de materiales, contratistas, especialidades, servicios profesionales y financiamiento". Por eso, advirtió que cuando la actividad se detiene, "se resiente la inversión, el empleo y la economía en su conjunto. Y el costo final lo pagan las familias".
La misma preocupación aparece en las respuestas entregadas por otras voces de la industria consultadas por Emol, que advierten sobre el riesgo de que las restricciones se extiendan a más municipios. "Si todas las comunas quieren restringir la densificación, ¿dónde se supone que van a vivir los nuevos hogares?", plantearon.
En esa línea, sostuvieron que "es difícil pretender mejorar el acceso a la vivienda mientras se restringe la posibilidad de construir más viviendas donde las personas quieren vivir". Y agregaron que limitar el crecimiento en zonas centrales puede terminar trasladando la demanda a sectores más alejados: "Es una contradicción invertir miles de millones en Metro y transporte público y después limitar que más familias puedan vivir cerca de esa infraestructura".
Para Correa, el problema de fondo es la falta de coordinación entre las decisiones comunales y las necesidades habitacionales de Santiago como ciudad. "Dónde y cuánto densificar, sobre todo en torno a la infraestructura de transporte, debería decidirse a escala metropolitana, por una autoridad técnica y no política", concluyó. (Martín Garretón)



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