Minvu confirma inicio de construcción de viviendas definitivas en El Olivar para la próxima semana tras demoliciones

El ministro Iván Poduje defendió el desmantelamiento de las obras deficientes basándose en peritajes estructurales y aseguró que el nuevo plan habitacional mantendrá el plazo de entrega para diciembre de 2026.

Fuente: Diario UChile

Fecha: 25.05.2026

Ministro Poduje

El proceso de reconstrucción habitacional en la Región de Valparaíso entró en una fase determinante y no exenta de controversia legal. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ratificó que la próxima semana se iniciará de manera formal la construcción de las primeras soluciones habitacionales definitivas en el sector de El Olivar, en Viña del Mar. El anuncio se concretó a solo horas de que los equipos técnicos ministeriales comenzaran las faenas de demolición de los polémicos inmuebles tipo cuatripareo que habían sido edificados de forma deficiente por la empresa constructora San Sebastián en este 2026, según consignaron los reportes de BioBioChile.

La determinación gubernamental de echar abajo las estructuras previas agudizó la disputa con la firma Social Arquitectura —entidad patrocinante de San Sebastián—, desde donde cuestionaron los procedimientos en terreno argumentando que las primeras cuatro viviendas intervenidas este viernes no formaban parte del paquete de 56 inmuebles bajo observación técnica en las auditorías de la División de Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) y del Idiem. Ante estos reparos, el jefe del Minvu blindó el actuar del Ejecutivo señalando que las faenas cuentan con el respaldo estricto de los fiscalizadores técnicos de obra y que la rapidez con la que se desplomaron los muros preliminares debido a la ligereza y fragilidad de sus componentes ratifica la idoneidad de los informes periciales, antecedentes que ya sustentan cuatro querellas criminales presentadas por el Estado contra las empresas responsables.

Fallas estructurales detectadas y el nuevo cronograma de entrega

El secretario de Estado detalló que el catastro definitivo contempla la demolición de un total de 150 viviendas que presentaban diversos niveles de avance en sus faenas y faenas menores conexas. Respecto a los criterios técnicos que obligaron a la erradicación total de las estructuras y el diseño del nuevo plan de obras, la autoridad sectorial delimitó directrices institucionales muy claras. Por un lado, se detectaron graves infracciones a la ordenanza general, ya que los peritajes del Minvu arrojaron severos problemas de diseño estructural, reiterados incumplimientos en las normativas vigentes de resistencia al fuego, fallas complejas en la disposición de los paneles de hormigón y la utilización generalizada de materiales de edificación no certificados por los organismos reguladores.

Por otro lado, de cara a mantener la continuidad del plazo original y evitar mayores postergaciones para las familias damnificadas, la misma empresa encargada de ejecutar las demoliciones asumirá la edificación de los nuevos complejos residenciales. Con esta estrategia de continuidad operativa, el Ministerio de Vivienda aspira a cumplir de forma estricta con el cronograma final previamente trazado, fijando la entrega definitiva de las llaves para diciembre del año 2026.

Poduje transparentó que, ante los retrasos y el abandono de deberes de la antigua constructora —que solo mantenía 58 viviendas en fase de terminación tras meses de gestión—, el Serviu de Valparaíso operó de manera extraordinaria como la entidad patrocinante del proyecto. Bajo este modelo regulatorio, la dirección pública invitó de forma directa a un selecto grupo de empresas del rubro que acreditaran un sólido patrimonio financiero, capacidad técnica instalada y experiencia comprobada en obras civiles de alta densidad.

Finalmente, el titular del Minvu manifestó una profunda empatía con los comités de vivienda de El Olivar que han acusado lentitud en los procesos de asignación de los subsidios de reconstrucción. No obstante, el secretario de Estado fue enfático en señalar que la política habitacional del Gobierno no puede ceder ante presiones para entregar casas falladas o estructuralmente peligrosas y descartó de forma tajante la posibilidad de destinar fondos de los contribuyentes para reforzar o parchar edificaciones deficientes, asegurando que se perseguirá la total responsabilidad civil y penal de los privados que intentaron hacer entrega de obras defectuosas. (Prensa)