Nicole Norel, CEO de NAWI: “Las inmobiliarias siguen apostando a que no las van a fiscalizar”

La ejecutiva asegura que muchas inmobiliarias y constructoras siguen reaccionando tarde frente a los impactos que generan el ruido, el polvo y las faenas sobre los barrios. A su juicio, los costos de no gestionar estos conflictos a tiempo pueden derivar en paralizaciones, multas e incluso daños reputacionales para los proyectos.

Fuente: El Diario Inmobiliario

Fecha: 24.05.2026

Nicole Norel, CEO de NAWI

El avance de la densificación urbana, el teletrabajo y una ciudadanía cada vez menos tolerante a las externalidades de las obras han elevado la presión sobre el sector inmobiliario y de la construcción. En conversación con el Diario Inmobiliario, la CEO NAWI, Nicole Norel, advierte que muchas empresas aún subestiman el impacto que generan el ruido, el polvo y las faenas en la vida cotidiana de los vecinos, pese a que hoy los conflictos ambientales pueden traducirse en costos financieros, fiscalizaciones y paralizaciones de proyectos.

¿Las empresas siguen subestimando el impacto que generan el ruido y el material particulado en los barrios?

Sí, aunque cada vez menos por ignorancia y más por inercia. La mayoría de las empresas conoce que genera impactos, pero sigue operando bajo la lógica de “si no hay reclamo formal, no hay problema”. En el fondo, la apuesta es que no las van a fiscalizar. Eso es un error estratégico. El reclamo formal es el síntoma de un conflicto que ya maduró, no el inicio del problema. Lo que subestiman no es tanto la magnitud del impacto, sino el costo de gestionarlo tarde.

¿Qué tan frecuente es que las empresas descubran, con monitoreo, que están generando impactos mayores a los que creían?

Es bastante frecuente y la reacción habitual, es sorpresa genuina. No necesariamente porque estén operando fuera de norma, sino porque nunca habían tenido información continua.

Un caso ilustrativo con polvo: los vecinos se quejaban de que no podían usar sus terrazas. La obra respondía que humectaban el terreno regularmente, por lo que no podían ser los responsables.

Con monitoreo continuo descubrimos que el polvo llegaba los fines de semana, cuando la obra no estaba operando. El viento seguía pasando igual, y levantaba el material acumulado durante la semana. Sin el dato, esa conversación no tenía salida: cada parte tenía su versión y ninguna podía probar nada.

Con ruido pasa algo similar, pero con un matiz que cambia el foco: lo más molesto no es necesariamente un volumen alto puntual, sino el ruido fuerte y continuo.

¿Cuáles son las principales malas prácticas que todavía persisten en obras de construcción respecto al manejo del ruido y las emisiones?

Hay varias que se repiten con consistencia:

La brecha entre el corporativo y la obra. Esta es probablemente la más importante. Desde la empresa existe la intención de ser lo menos molestia posible, hay planes y protocolos de mitigación, biombos acústicos, procedimientos. Pero en la obra no necesariamente se usan.

No comunicar el avance de las fases más críticas. Hay etapas especialmente molestas, las excavaciones, por ejemplo, donde los vecinos no saben cuándo van a terminar. Esa incertidumbre es muy desgastante.

Gestionar los reclamos sin datos. Responder con buena voluntad pero sin evidencia es insuficiente. El vecino percibe que no hay nada concreto detrás de la respuesta y la desconfianza aumenta.

¿El sector inmobiliario sigue reaccionando tarde frente a los conflictos ambientales?

En su mayoría, sí. La estructura de incentivos empuja a postergar: mientras no haya denuncia formal, fiscalización o cobertura mediática, el conflicto no aparece en el radar ejecutivo.

El problema es que para cuando eso ocurre, el costo de resolución ya es significativamente mayor. Y hay un elemento que se subestima bastante: las notificaciones de fiscalización pueden llegar con meses de demora, a veces cuando la obra ya terminó. Defenderse sin tener datos hacia atrás es muy difícil. En esos casos se terminan pagando multas que pueden ser 10, 15 veces más altas que lo que habría costado la gestión preventiva.

¿Han visto casos donde conflictos por impacto ambiental afectara reputacional o financieramente a proyectos inmobiliarios?

Los impactos más concretos que hemos visto son paralizaciones de faena por presión vecinal organizada y procesos de fiscalización que derivan en multas.

¿Qué sectores son hoy los más expuestos a conflictos con comunidades?

Construcción residencial en zonas urbanas consolidadas encabeza la lista, porque la densificación ha puesto obras grandes en medio de barrios habitados con baja tolerancia al impacto. Logística y centros de distribución también están muy expuestos, especialmente por operación nocturna y flujo de camiones en zonas periurbanas que antes eran más tranquilas. Después, industrias con olores (agroindustria, gestión de residuos orgánicos) que operan en bordes urbanos que la ciudad fue absorbiendo. Infraestructura pública también genera conflictos relevantes, aunque ahí la relación con las comunidades tiende a estar más formalizada. (Tomá sRodríguez Botto)