Retrasos de proyecto por "permisología" impactan en la creación de hasta 46 mil empleos

Afecta especialmente a iniciativas con demoras en sectores como energía e infraestructura.

Fuente: Portadas Chile

Fecha: 26.08.2025

Según Sofofa, la tardanza en la puesta en marcha de 121 proyectos en evaluación ambiental está costando US $4,3 millones diarios a la economía.

Los tiempos de tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) están incidiendo directamente sobre distintas variables de la economía. De acuerdo con un balance actualizado al 30 de julio, un total de 121 proyectos de evaluación presentan un tiempo de tramitación “excesivo”, definido como un plazo real superior a la mediana histórica de los últimos cinco años.

Esta distinción es relevante, pues si bien el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) siempre opera dentro de un plazo legal, el tiempo efectivo de dicho plazo suele aumentar cuando los titulares solicitan un tiempo de suspensión con el fin de responder a las exigencias del proceso de reautorización.

Según el análisis que hacen desde Sofofa, mediante los datos procesados por la plataforma prisma, el “costo permisológico” del mencionado retraso alcanza los US$ 2.013 millones. Este monto representa los recursos que se pierden cuando estas inversiones permanecen detenidas y sin generar retornos esperando por su autorización ambiental, y equivale a una pérdida diaria de US$ 4,3 millones.

Los datos de Prisma también muestran que los costos de la ”permisología” han ido en aumento durante los últimos meses, y que golpean mayormente a proyectos de infraestructura portuaria (US$ 866,4 millones), infraestructura hidráulica (US$ 698,6 millones) y energía (US$ 267,1 millones).

La presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, detalla que los datos de este primer “monitor de ineficiencia permisológica” se irán actualizando mensualmente, para cuantificar los impactos de la burocracia. “El informe tiene como objetivo estimar este encarecimiento, probablemente innecesario en esos procesos de evaluación, que se pueden convertir en un fuerte desincentivo a invertir (…). Si en los próximos meses este costo disminuye es un reflejo de que los proyectos cuya tramitación supera el promedio están comenzando a avanzar en sus evaluaciones. Por lo tanto, seguir su evolución será clave”.

Costo laboral

La plataforma de Sofofa procesa mediante inteligencia artificial la información pública contenida en el archivo digital del SEIA, y de ahí obtiene información relevante, como los empleos asociados a cada uno de los proyectos de inversión. En este análisis se constata que los 121 proyectos que presentan retrasos suman, en su conjunto, un empleo potencial de 46.428 puestos de trabajo, considerando las etapas de construcción y operación de las obras.

De todos esos puestos de trabajo “congelados”, la mayoría se concentra en el sector de energía, que presenta 34 proyectos con retraso donde se involucran 9.617 empleos. En segundo lugar, se ubican los 7 proyectos de infraestructura hidráulica que en su conjunto tienen el potencial de generar 9,288 plazas laborales, seguidos por 3 iniciativas de infraestructura portuaria que representan 7.659 ocupaciones.

Flujo de inversiones

Más allá de los retrasos, al cierre de julio había 473 iniciativas esperando por su calificación en el SEIA, con una inversión proyectada por US$ 112.870 millones en su conjunto. Esos proyectos representan un potencial de 157.801 empleos durante su etapa de construcción, y 54.919 puestos de trabajo en la fase de operación.

La revisión de Prisma constata que, si bien julio representa un menor stock de proyectos en relación al mes anterior, esto se explica por la aprobación de 37 iniciativas, el rechazo de 9 y el ingreso de 40 nuevas obras a evaluación.

Entre aquellos proyectos aprobados, uno de los más cuantiosos fue el “Parque Fotovoltaico Llanos del Sol”, ingresado en julio de 2024 con una inversión de US$ 649 millones que se emplaza en la Región de Tarapacá. En tanto, el proyecto “Minero Tovaku” de la empresa Sociedad Punta del Cobre representa US$ 870 millones, en la Región de Antofagasta. (Joaquín Aguilera R.)