Retrasos en infraestructura: alguien paga la cuenta

La infraestructura es una política de Estado que, por su naturaleza compleja, trasciende a los gobiernos.

Fuente: Ex Ante

Fecha: 14.09.2025

Pero esto, que en su lado virtuoso opera como incentivo para que las autoridades impulsen ambiciosas carteras de proyecto sin importar si serán ellos mismos quienes cortarán la cinta, importa también una amenaza: que los efectos negativos en decisiones que afectan la puesta en operación de los servicios también pueden desplazarse de una administración a otra.

Tras analizar una reclamación presentada por la empresa concesionaria a cargo de la construcción del complejo hospitalario Buin-Paine, el Panel Técnico de Concesiones acaba de recomendar al MOP el pago de una indemnización -de cargo estatal- por cerca de US$3 millones. El órgano técnico consideró así atendible los reclamos del concesionario, quien argumentó perjuicios derivados de “entorpecimientos imputables” al Consejo de Monumentos Nacionales.

Contar con un mecanismo técnico de resolución de controversias es una de las fortalezas del sistema concesional chileno y la intervención del Panel Técnico en este caso no hace sino reforzar esa buena reputación del país. Sin embargo, es importante alertar que este caso, aunque es el primero en este sentido, sin dudas no será el último y este precedente debiera llamar a las autoridades a considerar este tipo de desembolsos de recursos fiscales dentro de la ya larga lista de perjuicios atribuibles a la denominada permisología.

En efecto, son muchas las obras paralizadas por circunstancias similares. Tal vez el ejemplo más dramático sea el del nuevo Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría, cuyo retraso por permisología se estima en más de 5 años (y contando). Por tamaño, complejidad y por la dimensión de los problemas que este recinto ha enfrentado, es posible imaginar que una demanda como la presentada por el complejo de Buin será en este caso significativamente más onerosa para el Estado, en momentos en que las cuentas fiscales están lejos de tener la salud de la que gozaban antaño.

La infraestructura es una política de Estado que, por su naturaleza compleja, trasciende a los gobiernos. Pero esto, que en su lado virtuoso opera como incentivo para que las autoridades impulsen ambiciosas carteras de proyecto sin importar si serán ellos mismos quienes cortarán la cinta, importa también una amenaza: que los efectos negativos en decisiones que afectan la puesta en operación de los servicios también pueden desplazarse de una administración a otra.

Pero como dicen los norteamericanos, no hay tal cosa como un almuerzo gratis y, por lo mismo, las cuentas que se difieren hoy alguien las pagará mañana y, aunque las autoridades cambien, los usuarios afectados y la billetera fiscal seguirán siendo los mismos. (Leonardo Daneri Jones, Ingeniero, Consejero CChC)