El decreto que sepulta el sueño de la casa propia

El Ord. 529 no fortalece al sistema habitacional, lo encierra.

Fuente: El Diario Inmobiliario

Fecha: 30.07.2025

Juan Manuel Fuenzalida

En medio de una de las crisis habitacionales más profundas de las últimas décadas, con más de 1.000.000 de familias esperando una solución concreta y no solo un subsidio en papel, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha optado por levantar nuevas barreras en lugar de abrir puertas.

El Oficio Ordinario N° 529, emitido en febrero de 2024 y reforzado por 369 que prolonga la instrucción, introduce exigencias que lejos de acelerar la construcción de viviendas sociales, entorpecen la participación de empresas constructoras y ralentizan aún más la ejecución de proyectos habitacionales clave.

Con este decreto, el Estado exige que las empresas constructoras acrediten una capacidad económica equivalente al 15% del valor total de cada obra (10% en ciertos programas). Esto no es menor: significa que las empresas deben “inmovilizar” importantes sumas de dinero, muchas veces destinadas a flujo operativo, contratación de mano de obra o compra de materiales. Este requisito se está transformando en un verdadero vidrio de tope de lo que es la construcción de viviendas sociales.

El problema de fondo no es la intención del decreto —que busca controlar el uso de fondos públicos y evitar fraudes o abandonos—, sino su inejecución en terreno y su desconexión con la realidad económica de cientos de pequeñas y medianas constructoras que han sido históricamente el motor de los programas DS-49 y DS-19. Al exigirles una solvencia bancaria que pocas pueden demostrar bajo los actuales márgenes del sector, el Estado traslada su propia falta de capacidad de fiscalización al sector privado, como si eso fuera solución.

Lo que se requiere es que el Serviu tenga mejor gestión para no entregarle esa responsabilidad a las constructoras. Establecer un 15% de inmovilización de fondos que perfectamente podríamos destinar a terminar con el déficit habitacional, nos parece una pésima decisión.

Lo más preocupante es que muchas de las cifras oficiales que se entregan como avances —como subsidios entregados o terrenos comprados— no representan la construcción efectiva de viviendas ni mucho menos la entrega de llaves a las familias. Sin constructoras dispuestas a participar en este ecosistema burocratizado y restrictivo, lo que habrá son papeles tramitados, pero casas vacías.

El Ord. 529 no fortalece al sistema habitacional, lo encierra. No dinamiza la inversión en vivienda social, la frena. Y lo más crítico, es que lo hace en el peor momento posible. Chile necesita un Estado que facilite, no que bloquee.

Hoy necesitamos más que nunca que se promuevan las alianzas público-privadas, no que se castigue a las empresas que aún apuestan por construir en sectores vulnerables. De no corregirse este rumbo, muchas constructoras buscarán otros caminos, y quienes pagarán el precio serán las familias que siguen esperando cumplir el sueño de la casa propia. (Juan Manuel Fuenzalida, diputado presidente de la Comisión de Vivienda)