La estrategia para avanzar en los otros nudos críticos dela “permisología”, que concentran más de 40 mil solicitudes pendientes

El Consejo Nacional de Monumentos aumentó en 65% la frecuencia de sus sesiones, mientras la DGA apunta a superar los 15 mil expedientes resueltos este año, versus los 9.478 que zanjó el gobierno de Boric en 2025. Y Concesiones Marítimas instruyó que las consultas a los organismos se pidan desde el inicio y en paralelo, y definió un sistema de seguimiento.

Fuente: El Mercurio

Fecha: 23.08.2026

Permisología

Recibió “herencia” de 28.645 expedientes pendientes. Dirección de Aguas: prevé resolver un 58% más de expedientes que en 2025.

El segundo “mayor cuello de botella permisológico” es la etiqueta que carga hace años la Dirección General de Aguas (DGA). La actual administración trabaja desde marzo para reducir permisos y agilizar los trámites.

Al año ingresan 10.756 expedientes, y entre 2022 y 2025 resolvieron 7.079, “un 67% de lo que ingresó, por lo tanto, quedó un rezago de 3.497 expedientes, equivalentes a un 33%. Es una mochila que provoca que crezca el stock de expedientes atrasados”, detalla el abogado Hipólito Zañartu, asesor del MOP en asuntos de la DGA.

Cuando asumió la actual administración, la DGA recibió una “herencia” de 28.645 expedientes pendientes, ligados a los sectores minero, eléctrico, forestal, sanitario, agrícola, construcción y acuícola, entre otros.

Las principales trabas responden a exigencias de la reforma al Código de Aguas, promulgada en abril de 2022, “que complejizó los trámites”, admiten desde el organismo. Y mencionan que la mayor son solicitudes de constitución de nuevos derechos, perfeccionamiento de títulos, modificación de cauce, cambios de puntos de captación de aguas subterráneas, traslados de ejercicio de aguas superficiales y regularización de derechos consuetudinario sin título inscrito.

En estos cinco meses la DGA impulsó una reestructuración interna, que incluyó redestinar dotación, modernizar plataformas informáticas, eliminar la duplicidad de requerimientos, aplicar trazabilidad a los expedientes y tramitar “en paralelo”, y no de manera secuencial, los procesos.

El organismo carecía de una herramienta de control de gestión, y hoy cuenta con un panel de monitoreo para vigilar distintas variables y hacer ajustes.

Cambios que han rendido frutos. Entre marzo y julio, los expedientes resueltos por el organismo sumaron 4.18, un 18% más que en igual lapso de 2025, y un 198% superior al mismo período de 2022, cuando asumió el gobierno de Gabriel Boric.

La meta autoimpuesta de la DGA apunta a superar la barrera de los 15 mil expedientes resueltos este año versus los 9.478 que zanjó el gobierno de Boric el año pasado (un 58% más) y frente a los 3.970 de 2022 (278% superior). Estiman que entre marzo y diciembre entrarán 9.000 expedientes a trámite por lo que lograrían reducir el stock pendiente a unos 21 mil o 22 mil expedientes.

Los objetivos son dos; “Uno, hacer que los expedientes se resuelvan más rápido mediante optimizaciones y, segundo, que vía técnicas habilitantes alternativas no ingresen tantos expedientes, porque hay casos de bajo riesgo en que tramitar un permiso en la forma tradicional es desproporcionada”, explica Zañartu.

Y da un ejemplo de lo que están promoviendo. Hoy el 66% del territorio nacional está calificado como zona fronteriza y entre el 55% y el 60% de las solicitudes tiene que pasar por la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol); en el 99% de los casos el pronunciamiento es favorable. “Esa etapa del proceso no le agrega ningún valor al trámite y no se justifica consultar a Difrol; simplificar ese trámite permitiría ahorrar cinco meses por cada permiso”, expone Zañartu.

En total, son 24 categorías o tipos distintos de permiso, donde los más numerosos son la constitución de derechos de aprovechamiento de agua, el perfeccionamiento de títulos y la regularización de derechos consuetudinarios.

Hasta ahora, los avances se han logrado solo con mejoras en gestión, pues aún no rigen modificaciones legales que están en proceso de aprobación y que gatillarán “un envión mayor”.

Para los permisos de obras hidráulicas –modificaciones de cauce, bocatoma y obras hidráulicas mayores- hay reglamentos alojados en Contraloría a la espera de su toma de razón. “Eso permitirá que estén sujetos a técnicas habilitantes alternativas, que reemplazarán al permiso tradicional por una declaración jurada, que habilita más rápidamente al titular a construir, y el control se realiza ex post mediante la fiscalización”, puntualiza el asesor.

Aunque esos permisos equivalen solo al 6% de la cartera de expedientes, sí son los más relevantes en materia de inversión: representan sobre el 90%, subraya.

La incorporación de inteligencia artificial, hoy acotada a procesos como admisibilidad y perfeccionamiento de títulos, se irá extendiendo a otras funciones. En el organismo calculan que eso podría reducir en 50% los tiempos.

En la DGA también trabajan en un paquete de modificaciones legales y normativas, algunas irán por la vía reglamentaria, otras por decreto y otras serán cambios legales. Están alistando una batería de 30 medidas orientadas a una tramitación más eficiente y simplificada de expedientes.

Por ejemplo, hoy estudia cada solicitud por separado y la idea es que a solicitudes similares se aplique el mismo criterio, mediante lo que se denomina “el uso de antecedentes homologables”.

La racionalización de la visita s a terreno es otro frente, pues “hoy hay muchos casos que se pueden resolver con imagen satelital, drones o data histórica”, mencionan desde el organismo.

Otra simplificación regulatoria apunta a otorgar más potestad a las organizaciones de usuarios de agua –juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas y comunidades de aguas- en los cambios de punto de captación y en los traslados de ejercicio de los derechos de agua, “trámites que hoy son 100% atribución de DGA, aunque los que más conocen la cuenca y la realidad hídrica de cada zona son las mismas organizaciones”.

El avance que se espera alcanzar es significativo. Si hoy cada expediente demora en promedio, 2,65 años en tramitarse en la DGA, el objetivo es bajar ese plazo a menos de un año.

Y prevén que en 2029 el sobrestock de expedientes estará en régimen, es decir, podrán resolver todo lo que ingresará ese año.

Consejo de Monumentos más sesiones al mes y alza de 26% en revisión de expedientes

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) es apuntado como el ícono de la “permisología”. “Hay una reglamentación y legislación muy obsoleta, que requiere ser actualizada”, admite el subsecretario del Patrimonio Cultural y presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, Emilio de la Cerda.

Desde el 11 de marzo, el CMN y la Subsecretaría del Patrimonio Cultural implementan una modernización que busca reducir tiempos de trámite de expedientes patrimoniales, disminuir el rezago histórico y fortalecer la coordinación del Estado para entregar mayor certeza técnica a los proyectos de inversión.

Una de las primeras medidas fue amentar la frecuencia en que sesiona el Consejo, que antes era una reunión cada 15 días. “Entre marzo y agosto hemos sesionado todas las semanas con el CMN, un 67% más de sesiones plenarias comparado con el primer período del gobierno anterior, lo que nos ha permitido revisar 2.400 expedientes, un 26% más que igual período comparable de 2022, en donde se habían revisado 1.900 expedientes”, destaca el subsecretario De la Cerda. Y subraya: “Hemos rebajado nuestros tiempos de respuesta ostensiblemente, a la mitad”.

Detalla que también incorporaron en el gabinete un equipo que trabaja de enlace con Economía, viendo cuáles son los proyectos más sensibles.

Por primera vez, el CMN implementó un seguimiento sistemático de los expedientes rezagados, con identificación de responsables, monitoreo permanente y planificación de plazos de resolución.

Esta estrategia se combina con una coordinación más estrecha entre instituciones públicas. Se estableció una mesa técnica permanente que reúne al CMN y la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, el Ministerio de Economía –a través de la oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI)-, las carteras de Hacienda y de Ciencia, y otros organismos públicos para aunar criterios técnicos en la evaluación de proyectos.

Desde Cultura explican que el objetivo es construir un sistema más predecible para titulares e instituciones, desarrollando o guías técnicas comunes para los cinco ámbitos de competencia del Consejo: monumentos arqueológicos, paleontológicos e históricos, zonas típicas o pintorescas y santuarios de la naturaleza. Así, los proyectos ingresan con antecedentes más completos, disminuyen las observaciones durante la evaluación y se reducen los tiempos de tramitación sin afectar la protección del patrimonio.

“Tenemos la convicción de que la protección efectiva del patrimonio no paraliza la inversión y el crecimiento del país. Ese ha sido el eje de nuestra estrategia de trabajo, que ha demostrado que crecimiento y resguardo no son objetivos contrapuestos. Sacar adelante este trabajo, en tiempos más reducidos, da una prioridad compartida de este gobierno, con una mirada que integra la protección del patrimonio”, expresa el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

Cambios legales a Ley de Patrimonio

La agenda no solo aborda temas de gestión, sino también ámbitos más estructurales como la Ley de Patrimonio Cultural, que está en el Congreso, y el reglamento de excavaciones arqueológicas que data de 1991 y en el cual están trabajando, tras retirarlo de Contraloría apenas asumió el gobierno de Kast. “La Ley de Reconstrucción nos obliga a ponernos al día, y estamos trabajando con el mundo arqueológico y también actores de distintas industrias, para incorporar sugerencias y poder ingresar el reglamento a Contraloría en octubre”, especifica el subsecretario.

Uno de los temas es una definición más acotada de lo que es “arqueológico”. “Queremos acotar lo arqueológico a lo precolombino y preindustrial, y eso nos permitiría acelerar procesos de manera muy considerable. Por ejemplo, si la definición más acotada estuviera vigente, la Línea 7 del Metro estaría excavando un tercio de los sitios que se excavaron. Y hubieran reducido de manera significativa los US$ 52 millones que gastaron en arqueología”, puntualiza De la Cerca.

En un mes ingresaron un conjunto de indicaciones al proyecto de ley, que apuntan a la modernización del Consejo de Monumentos, reduciendo el número de los actuales 23 consejeros. El gobierno del Presidente Piñera propuso reducir ese número a 17, durante el mandato de Boric se promovió elevarlo a 30 y la actual administración apunta a 17, “Aún no tenemos el número cerrado”, admite De la Cerda.

También se modificará la Secretaria Técnica del CMN, que tendrá funciones ejecutivas resolutivas. “Queremos desacoplar los permisos mismos de la labor más estratégica del Consejo. Hoy tenemos 800 casos de solicitudes pendientes de declaratoria de monumento nacional que el Consejo no ha podido responder porque ha estado enfocado en los permisos”, detalla De la Cerda.

Además, actualizarán las categorías de protección del patrimonio, que datan de 1925. “En vez de zonas típicas y pintorescas que ponen un foco muy en la estética de la fachada, definir zonas patrimoniales que buscan armonizarse con planes reguladores comunales, para tener una herramienta de planificación territorial que incorpore el patrimonio”.

Además de avanzar en beneficios tributarios, como a la disminución del pago del impuesto territorial (contribuciones) y beneficios al impuesto a la renta, subsidios para la regeneración urbana en áreas patrimoniales, que buscan estimular la inversión en áreas protegidas y compensar al propietario.

Concesiones Marítimas, plazo máximo de 30 días y 330 solicitudes resueltas desde marzo. Unos 3.000 expedientes en tramitación y el más antiguo, de 16 años.

Cerca de 3.000 solicitudes en tramitación; más de 1.200 completaban sobre dos años, y la más antigua, 16 años. Con esa realidad se encontraron las nuevas autoridades que asumieron en Concesiones Marítimas.

“Cada solicitud requiere oficios y pronunciamientos de varios organismos externos, por lo que parte importante del tiempo ocurre fuera de esta cartera. El problema es que esas consultas corrían una tras otra sin plazos con consecuencia y sin un seguimiento sistemático del conjunto”, explica Cristóbal Pavez, asesor del Ministerio de Defensa.

Detalla que detrás de cada expediente hay personas: desde sindicaos de pescadores y caletas, hasta proyectos de energía o puertos que generan empleo en regiones. “Gente que llevaba años esperando una respuesta del Estado”.

¿Qué se ha hecho?

Tres cosas.

Primero, medir: el equipo de Concesiones Marítimas levantó caso a caso dónde estaba detenida cada solitud y hoy existe un seguimiento semanal. “Se sabe exactamente dónde está cada expediente y hace cuántos días”, precisa Pavez.

Lo segundo fue destrabar. El sistema venía acumulando un 22% más de lo que resolvía y hoy opera en equilibrio, es decir, resolviendo al ritmo que entran, “Entran y se resuelven en torno a 110 solicitudes al mes”, especifica.

Desde el 11 de marzo la autoridad ha resuelto más de 330 y de ellas, 127 son aprobaciones. En conjunto habilitan inversiones por cerca de US560 millones, incluidos proyectos de energía de gran escala, destacan desde la entidad.

En tercer lugar, se establecieron plazos con consecuencia. Se instruyó que las consultas a los organismos se pidan desde el inicio y en paralelo (antes iban una tras otra) y que los plazos de respuesta se hagan valer.

Hay más de 200 solicitudes con consultas a organismos externos ya vencidas, que se están destrabando bajo ese criterio. Un ejemplo concreto: el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar, formalizó que, pasados 30 días sin pronunciamiento de las comisiones regionales de uso del borde costero, el trámite continúa.

Pavez hace una salvedad: “Los expedientes que ingresan bajo esta administración ya tienen el estándar de que ninguno pasa 30 días sin movimiento sin que salte una alerta. Pero el stock histórico se acumuló durante años y no se resuelve responsablemente en meses”.

Hoy, hay en torno a 32.000 solicitudes activas, algo más que las cerca de 3.000 del inicio. Y ese aumento tiene una explicación.

“En estos meses se destrabaron decenas de expedientes que estaban legalmente congelados, en su mayoría por solicitudes de espacio costero de pueblos originarios que al resolverse liberan los trámites que tenía suspendidos esos expedientes no son solicitudes nuevas: son casos que estaban fuera de la fila, en pausa por años, y que ahora vuelven a un sistema que sí puede tramitarlos. Dicho de otra forma: el inventario subió pues recuperamos casos que estaban en el limbo, no porque el sistema se atasque”, explica Pavez.

En paralelo, se implementaron mejoras en la plataforma para que el solicitante pueda ver su trámite con mayor detalle, “en línea con un Estado más transparente con el ciudadano”.

Sumar innovación

La subsecretaría es el primer servicio del Estado en incorporar inteligencia artificial a la revisión de permisos: un piloto junto a OASI (Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión), el Cenia (Centro nacional de Inteligencia Artificial) y el BID, en la etapa de admisibilidad. “Entran unas mil solicitudes al año y esa revisión, sin IA, hoy toma cerca de dos meses”, enfatiza Pavez. Y recalca que “la IA no reemplaza a nadie, sí optimiza el trabajo de los equipos tramitadores, quitándoles la revisión mecánica de documentos para que su tiempo vaya al análisis que requiere criterio”.

Además, se está escalando en la Mesa de Expertos de IA, en Permisos que convocó OASI, y ahí un aporte clave ha sido la primera radiografía completa del proceso que se levantó en la subsecretaría; se mapearon y midieron cerca de 50 etapas y subetapas del trámite cuánto tarda cada una, dónde se pierde el tiempo, qué está listo para ser automatizado y qué está listo para integrar inteligencia artificial.

Hacia adelante, la meta es clara. “Al término de esta administración esperamos tener este proceso funcionando a plenitud, porque esto no es un ejercicio técnico: somos una repartición pública que trabaja para la gente, y cada expediente resuelto es una respuesta porque alguien esperaba hace años”. (Jessica Marticorena)