Logros en vivienda durante el presente ciclo

La crisis se expresó con particular crudeza en el aumento sostenido de los campamentos.

Fuente: Biobío Chile

Fecha: 12.01.2026

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La crisis se expresó con particular crudeza en el aumento sostenido de los campamentos, donde cerca del 60% de los hogares declara razones económicas como causa principal de su situación, así como en el hacinamiento, el allegamiento, el arriendo informal y la imposibilidad de materializar subsidios habitacionales en el contexto de un mercado cada vez más inaccesible.

Antes del inicio de este gobierno, Chile enfrentaba una profunda crisis de acceso a la vivienda que afectaba a cerca de 650 mil hogares, con impactos especialmente severos en los sectores populares y en amplios segmentos de las clases medias.

Durante la década previa, los precios de venta y arriendo de viviendas crecieron muy por sobre los ingresos de las familias, impulsados por el alza del valor del suelo, el encarecimiento de los materiales de construcción y una regulación insuficiente del mercado inmobiliario.

A ello se sumaron mayores dificultades de acceso al crédito hipotecario, producto del aumento de las tasas de interés, mayores exigencias financieras y la inestabilidad de los ingresos, situación agravada por los efectos económicos de la pandemia.

La crisis se expresó con particular crudeza en el aumento sostenido de los campamentos, donde cerca del 60% de los hogares declara razones económicas como causa principal de su situación, así como en el hacinamiento, el allegamiento, el arriendo informal y la imposibilidad de materializar subsidios habitacionales en el contexto de un mercado cada vez más inaccesible.

Para dar respuesta desde el Estado y las políticas públicas a estos problemas es que surge el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), el cual tiene como objetivo recuperar el rol del Estado en la planificación y gestión habitacional para avanzar en el derecho a la vivienda digna y adecuada, garantizando la tenencia segura ya sea en propiedad individual, colectiva o en arriendo, evitando los abusos y la especulación.

En lo concreto, la meta del PEH que se propuso el gobierno del presidente Boric tenía como objetivo prioritario de intervención, absorber como mínimo el 40% de la demanda habitacional proyectada al 2022, lo que se traduce en una meta de 260 mil viviendas construidas y entregadas a las familias, sentando las bases para consolidar la planificación urbano-habitacional como mecanismo permanente del Estado.

Los nuevos proyectos habitacionales parte del PEH deben contar con equipamientos comunitarios suficientes y adecuados, diseñados para la realización de actividades culturales, educativas, sociales y deportivas. El Plan fue diseñado para un período plurianual de implementación, entre 2022 y 2025, con foco en la atención de las familias del 40% más vulnerable, en todas las comunas del país, sin por ello dejar de apoyar a familias y personas de ingresos medios bajos, muy afectados por la crisis habitacional.

A nivel nacional, en noviembre de 2025, el PEH llevaba 236.622 viviendas entregadas, alcanzando un 91% de avance hacia su objetivo de 260.000 viviendas. Además, se contabilizaban 123.422 viviendas adicionales en construcción y cerca de 70 mil por iniciar próximamente.

Las regiones de Magallanes, La Araucanía, Ñuble, Biobío, Maule, Coquimbo, O’Higgins, Los Lagos y Aysén son las zonas en las que ya se superó la meta del Plan de Emergencia Habitacional. Es así, como de manera transversal presentamos en la comisión de Vivienda que presido el proyecto de ley que permite la prórroga del PEH por 4 años más, con la esperanza que se vaya consolidando como política de Estado permanente.

El proyecto para extender hasta el 31 de diciembre de 2029 la Ley N°21.450 sobre Gestión de Suelo para la Integración Social y Urbana y el Plan de Emergencia Habitacional. Fue aprobado de manera unánime tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Además, en el período que me tocó presidir la comisión de Vivienda en el Senado, tramitamos el proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Planificación Territorial.

El nuevo marco legal establece un plazo de entre 18 a 24 meses para elaborar planes reguladores y densidades mínimas en zonas estratégicas que cuenten con acceso a transporte y servicios, entre otras medidas.

Esta modificación permitirá actualizar instrumentos de planificación que hoy se encuentran obsoletos y que actúan como un freno para la inversión y la construcción de viviendas y establece reglas claras para todos los actores del sector, fortaleciendo la rendición de cuentas y garantizando una gestión transparente y eficiente, tanto en el ámbito de sus atribuciones para los gobiernos locales y regionales. Este proyecto también se aprobó en el Congreso Nacional recientemente en enero de 2026 con amplio apoyo.

Por último, se han impulsado una serie de medidas reactivadoras para que los sectores medios puedan acceder a la vivienda y reactivar el sector inmobiliario, el que cuenta con una gran cantidad de viviendas en stock sin poder venderse; el incremento del monto del subsidio; la creación de un subsidio adicional para familias que apliquen sus DS1 en proyectos DS19.

De manera complementaria, el programa Arriendo a Precio Justo, facilita el acceso a viviendas asequibles para familias vulnerables, vinculando el pago del arriendo a un subsidio estatal (D.S. N°52) y limitando el monto mensual a un máximo del 25% de los ingresos familiares, que contempla subsidio especial para personas mayores y quienes tengan una condición de discapacidad. También se ha iniciado la construcción de 12.500 viviendas industrializadas en el país que se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

Tenemos todavía muchos desafíos pendientes para construir ciudades justas e integradas socialmente. Hemos logrado avances significativos y con amplio respaldo político/legislativo de manera transversal que permiten configurar un conjunto de políticas de Estado en materia de vivienda y urbanismo. Es de esperar que el próximo gobierno utilice adecuadamente estos instrumentos que dejamos aprobados y se ponga metas más ambiciosas para lograr reducir el déficit habitacional. (Juan Ignacio Latorre, Senador de la República. FA)