Megatoma San Antonio: Corte acoge plan del Gobierno y da luz verde al desalojo parcial

Se deberá organizar un amplio contingente policial para que cerca de 5 mil personas abandonen el terreno, por lo que la fecha no coincidirá con eventos y fiestas de fin de año.

Fuente: El Mercurio

Fecha: 07.12.2025

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La Delegación Provincial de Valparaíso ya había confirmado que se hará uso de la fuerza pública para sacar a las personas que se nieguen al desalojo, en coordinación con Carabineros.

Son cerca de 2.200 familias (unas 5.000 personas) que no forman parte de las cooperativas de vivienda que se constituyeron en la megatoma y que, por tanto, estarían obligadas a abandonar el terreno del cual es propietaria la inmobiliaria San Antonio S.A. ahora es labor de la autoridad definir cuándo se concretará la desocupación mediante el uso de la fuerza pública, para lo cual se han especulado distintas fechas.

El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme (PC), declaró ayer que están “muy conformes” con la resolución del tribunal ya que va “en concordancia con el plan habitacional presentado en dicha zona”.

La autoridad aseguró que “ya hemos iniciado las reuniones de coordinación más específicas, más operativas, para poder llevar adelante el plan presentado”.

El documento con la estrategia incluye detalles sobre la cantidad de personas que viven en la toma y el perfil de las familias, pero por motivos de seguridad el Ejecutivo ha optado por no entregar mayores detalles ni informar cuándo se concretará el operativo.

Como se requerirá de un amplio despliegue policial, la estrategia también considera la coordinación con eventos masivos programados en la región, imposibilitando que coincida con la peregrinación a Lo Vásquez; el fin de semana de la segunda vuelta de la elección presidencial, el 14 de diciembre y las fiestas de fin de año, por lo que sería recién durante 2026.

Repercusiones de la gestión habitacional

En paralelo, el Gobierno reconoció que tuvo que reasignar recursos de otros proyectos de vivienda que no alcanzarán a ser ejecutados este año en el sur del país, generando una ola de críticas hacia la gestión del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS). De hecho, partidos de oposición evalúan presentar una acusación constitucional contra el secretario de Estado.

Mientras, el municipio de San Antonio gestiona para habilitar un albergue en el gimnasio del Colegio España, con capacidad para 38 familias cada tres días, apenas unas 116 personas, y para lo cual también está solicitando recursos al Estado y así costear los $ 580 millones para habilitar y operar el refugio por ocho meses. (Mario Rojas M./Davied Jaime)