Radiografía a megatoma reaviva el debate sobre prioridad y recursos que Minvu asigna para radicarla

De acuerdo a catastro encargado por Serviu y que divulgó El Mercurio. Urbanistas y abogados creen que los datos evidencian participación de personas que no están en situación de precariedad. Para alguno, con ello la expropiación “pierde sustento social”.

Fuente: El Mercurio

Recha: 22.12.2025

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Que casi el 30% de 4.018 viviendas levantadas por los ocupantes ilegales tienen un solo residente, que el 20% no están ocupadas en forma permanente y que el 9,95 de sus 5.504 sitios están vacíos son algunas de las características de la megatoma de San Antonio según un catastro encargado por el Serviu de Valparaíso, que reveló este fin de semana “El Mercurio”.

Con esa información, urbanistas y abogados consultados consideran que es posible pensar que en la conformación de la megatoma operaron lógicas distintas a la primera necesidad y que adquiere fuerza la idea de que el origen fue un loteo brujo. Por lo mismo, plantean dudas sobre la idoneidad de la expropiación que impulsa el Gobierno en arte del terreno.

Para la académica de Derecho urbanístico de la PUCV Jeanette Bruna, “con un 9% de viviendas no precarias el informe demuestra que carece de sustento social la inversión en esta expropiación y discrimina en forma arbitraria a otros campamentos históricos de precariedad mayor o en riesgo. Con un fallo que ordena el desalojo, la expropiación no era jurídicamente procedente porque no cumple los requisitos”.

“Hay una desviación del fin público de la expropiación como gestión de suelo para asentamientos precarios. Cualquier persona podría cuestionar la legalidad”, añade.

El Gobierno anunció que esta semana depositará los casi $11 mil millones para expropiar las 110 hectáreas donde regularizará el campamento

El abogado constitucionalista de la PUCV Eduardo Cordero explica que el Serviu pasará a ser dueño del predio. “Es un proceso que jurídicamente se puede revertir, aunque es muy difícil. Sería un lío en el que vas a estar metido cinco años y deja la interrogante de qué vas a hacer con las 10 mil personas que están en el terreno”, afirma.

El profesor del Instituto de Estudios Territoriales de la facultad de Arquitectura de la PUC, Óscar Figueroa, indica que “hay organizaciones que lucran con las necesidades de la gente. En las tomas no hay un control para un proceso ordenado. Hay negocios asociados y pasan por ocupantes de una casa que no se justifica, o casas desocupadas que son fuentes de otras operaciones”.

“Miraría el vaso medio lleno. Desde el punto de vista del conjunto hay más soluciones que problemas. Creo que hay que proceder a la expropiación, sino qué hacemos” agrega.

Paz Serra, directora de la consultora Urvana, dice que se confirman experiencias que revelan que un porcentaje alto de los participantes en las tomas son personas inhábiles para recibir beneficios del Serviu.

Por otro lado, sobre la postura del gobierno electo –en cuanto a que si la expropiación se concreta antes del 11 de marzo el terreno será reasignado y priorizando a los comités de allegados de San Antonio que respetaron su turno de espera-, comenta: “Me encantaría creerle que va a comprar ese terreno y a echar a toda la gente para dárselo a los que están en la fila. Suena bien difícil de lograr, por decir lo menos”. (Mauricio Silva).