Subsidios para lucrar: el negocio ilegal de las viviendas sociales

Mientras el déficit habitacional supera los 650 mil hogares, el Serviu Metropolitano recibió 1.954 denuncias por mal uso de viviendas sociales entre 2022 y 2025, pero solo recuperó 22 propiedades: apenas el 1,13%

Fuente: El Mostrador

Fecha: 31.07.2026

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“Vendo departamento Trapiche 2 […] DUEÑA DIRECTA”. A primera vista, parece un aviso inmobiliario más, de los miles que circulan diariamente en portales de compraventa. La propiedad, de 58 metros cuadrados, ofrece dos dormitorios, un baño, cocina y logia, y se presenta como una alternativa para vivir en un entorno tranquilo de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. ¿El precio? 75 millones de pesos.

Nada en la publicación hace sospechar que, detrás de ese anuncio aparentemente rutinario, existe una historia que va mucho más allá de una simple venta. Sin embargo, detrás de este aviso se esconde una práctica irregular que se repite con frecuencia en distintas zonas del país.

La propietaria, que publicó el anuncio mientras intentaba vender su departamento, había consultado días antes en un grupo de Facebook por las fechas de postulación al subsidio DS49, un beneficio habitacional destinado a las familias más vulnerables que buscan acceder a su primera vivienda.

A ello se suma otro antecedente relevante: en ningún momento la publicación informaba que el inmueble forma parte de un condominio construido y entregado bajo el Subsidio de Integración Social (DS19), omisión que resulta clave para comprender el contexto de la operación.

Las viviendas adquiridas mediante subsidios habitacionales no pueden venderse ni arrendarse durante un período mínimo de cinco años. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) estableció esta restricción para resguardar el buen uso de los recursos públicos y asegurar que estos inmuebles cumplan el fin social para el que fueron otorgados.

Pero la limitación no expira automáticamente al cumplirse ese plazo. Para poder vender la propiedad, el beneficiario debe solicitar el alzamiento de la prohibición ante el Conservador de Bienes Raíces, presentando la documentación correspondiente, incluida la escritura de compraventa. Solo una vez realizado ese trámite queda legalmente habilitado para transferir el inmueble.

Mientras algunas personas lucran ilegalmente con este beneficio social, la crisis habitacional en Chile alcanza cifras alarmantes. Expertos estiman que el déficit superará las 650 mil viviendas en 2026. Por su parte, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en su Balance de Vivienda, señala que la cifra se encuentra en torno al millón de hogares.

Para Déficit Cero, una organización sin fines de lucro, el déficit habitacional en regiones desde Arica a Atacama, Metropolitana y Valparaíso muestra un aumento progresivo en los últimos 15 años. “Lo que es importante es lograr quebrar la tendencia al alza del déficit. Para eso, la estimación que nosotros hemos hecho es que efectivamente se necesitan producir 100 mil soluciones al año […].

Ese es el ritmo que debería tener el Estado para invertir la tendencia”, explica Matthias Casasco, jefe de la Red por la Vivienda y la Ciudad en Déficit Cero.

La paradoja: más viviendas, más denuncias

El mal uso de propiedades adquiridas a través de subsidios no es un problema reciente. Según cifras del propio Minvu, solo entre 2014 y 2018 habían recibido un total de 3.663 denuncias. En esos años, la Región Metropolitana lideraba el ranking con 2.309, seguida por la Región de O’Higgins con 469 y la Región de Los Lagos con 153.

Debido a estas cifras, en mayo de 2019, el entonces ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, presentó el Plan Nacional de Fiscalización de Viviendas Sociales, “Te Caché”.

“Nosotros iniciamos un programa que buscaba precisamente con pocas herramientas, con pocos recursos, visibilizar la idea de que el ministerio está fiscalizando. Y eso también sirve de manera preventiva”, explicó Monckeberg.

Esta campaña tenía por objetivo promover la denuncia ciudadana y la fiscalización de propiedades mal utilizadas, es decir, que se encontraran en arriendo, en venta, deshabitadas u ocupadas irregularmente por terceros.

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La estrategia consistió en la creación de un portal en el sitio web del ministerio para que la ciudadanía denunciara directamente las irregularidades que ocurrieran en sus condominios a través de documentos, fotografías, videos y todas las pruebas pertinentes para comprobar la acusación.

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Para la exautoridad, no solo es relevante entregar beneficios, sino que también exista un proceso de fiscalización importante. “De hecho, quienes más nos entregaban información eran las familias que vivían en esos conjuntos habitacionales y que se daban cuenta que esas casas estaban desocupadas o incluso algunas en riesgo de tomarse”, dijo Cristián Monckeberg para este reportaje.

María José, dirigente social del proyecto Alto Tobalaba, entregado en 2020, explica que desde su rol identificó varios departamentos deshabitados y decidió reportarlos formalmente. “Yo siempre hice énfasis en que la vivienda se tenía que usar y que yo iba a ser una de las mayores impulsoras en denunciar una vivienda no habitada […] logré identificar varios departamentos que no estaban siendo habitados o que se los pasaban a los hijos […]”, recuerda.

La dirigenta realizó distintas denuncias a través de un correo electrónico con todos los datos que en su rol tenía en su poder, ya fuera el nombre, RUT, departamento y torre de los involucrados. Incluso adjuntó fotografías de medidores de luz y agua donde se podía constatar que no había un uso de suministros básicos.

Sin embargo, según el Balance Final del Minvu en 2022, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se entregaron cerca de un millón de subsidios habitacionales para la compra, construcción, arriendo y mejoramiento de los hogares. Mientras más se entregaba este beneficio, el número de denuncias por malas prácticas, en vez de disminuir, siguió aumentando.

Según informó BiobioChile, entre 2022 y 2025, un informe de Transparencia de la Subsecretaría de Vivienda dio a conocer que habían recibido 5.942 denuncias por irregularidades en propiedades compradas a través de subsidios a nivel nacional. Es decir, en un poco más de siete años se duplicaron las denuncias ciudadanas.

Tras solicitar el desglose de las cifras, este investigación recopiló la información oficial entregada por los distintos Serviu del país y constató que entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 se recibieron un total de 5.980 denuncias. La lista es liderada por la Región del Biobío, seguida por la Metropolitana y la de Maule. No obstante, esta cifra total es mayor, ya que tres servicios no han entregado la información al cierre de este reportaje.

A esta crisis se sumó la situación financiera y fiscal dentro del propio ministerio, la cual obligó a realizar un ajuste presupuestario mucho más profundo de lo que se pronosticaba. El subsidio DS49 sufrió un recorte cercano al 60%, lo que implicará que durante 2026 solo se entregarán 19.587 cupos a nivel nacional, a diferencia de los 40 mil que se otorgaban habitualmente. Por su parte, el subsidio DS19 sufrió una reducción del 20%.

Dos fiscalizadores, 67 mil viviendas

La ineficacia estatal frente a las casi 6 mil denuncias entre 2022 y 2025 encuentra su explicación en el bajo número de personal destinado exclusivamente a labores de inspección en terreno, una realidad que choca de frente con los compromisos habitacionales recientes.

En julio de 2022, el Gobierno de Gabriel Boric presentó el Plan Nacional de Emergencia Habitacional (PEH), fijando como meta terminar o entregar 260 mil soluciones habitacionales. Al cierre de los balances oficiales en marzo de 2026, las cifras arrojaron que se terminaron un total de 262.390 viviendas.

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El Balance del Plan de Emergencia Habitacional 2022-2026 desarrollado por Déficit Cero expuso resultados mixtos porque, aun cuando se cumplió la meta nacional, su análisis reveló que la ejecución fue desigual. Entre las principales preocupaciones se mencionaron la sostenibilidad financiera de los compromisos y la baja producción de soluciones habitacionales en zonas críticas como el norte del país, junto a regiones como la de Valparaíso y la Metropolitana.

El PEH tampoco logró responder con la misma intensidad en los territorios más afectados por la crisis. Si bien la Región Metropolitana lideró la producción con 67.006 propiedades entregadas, el diseño de este plan no fue de la mano con un aumento proporcional de la dotación de fiscalizadores en la zona, sino que recayó en los mismos equipos que no solo han sostenido desde hace años la producción habitacional, sino que también verifican su buen uso.

El Serviu Metropolitano respondió a esta investigación vía Ley de Transparencia que el Equipo de Fiscalización está compuesto únicamente por dos miembros, quienes no solo deben fiscalizar el uso de las viviendas entregadas, sino también verificar las denuncias que reciben.

Al respecto, el director del Serviu Metropolitano, Roberto Acosta, señaló que al tener un equipo de dos profesionales, lo que se hace es reforzarlo para hacer las fiscalizaciones. “En el fondo, no tengo un equipo estable de fiscalizadores, el funcionario que le toca se pone el traje y va a fiscalizar. Pero lo ideal sería tener un equipo que nos permita ir en constante gestión, porque la verdad es que la recuperación de vivienda acá en la Región Metropolitana podría aumentarse al triple si tuviéramos solo a ocho personas en ese equipo”, comentó Acosta.

Para suplir la falta de fiscalizadores, la institución se apoya de “ministros de fe”, trabajadores de otras áreas que son capacitados para cumplir con este rol. Sin embargo, al ser consultados sobre los requisitos para desempeñar esta función, desde el Serviu de Antofagasta explicaron vía Transparencia que no existe ninguno, porque todos los funcionarios actuales se encuentran facultados para cumplir con esta labor. “Cuando se debe fiscalizar se designa a cualquiera de estos (funcionarios) de manera aleatoria no impuesta, por lo que, cada vez que se fiscaliza, recién días antes se designa quien participará”, señalaron.

Los antecedentes recopilados a través de esta investigación exponen que la diferencia entre el número de fiscalizadores y viviendas entregadas es un patrón común en las distintas regiones del país. Mientras que regiones como el Maule cuentan con una dotación de 30 fiscalizadores, en otras no existe ningún equipo especializado y toda la labor fiscalizadora recae en los ministros de fe.

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Crecen las fiscalizaciones

A partir de 2024, el Serviu Metropolitano implementó las “Fiscalizaciones masivas”, una nueva estrategia coordinada por el equipo de Fiscalización y Recuperación de Vivienda, junto al subdirector de Operaciones Habitacionales.

De acuerdo con los datos entregados por la institución, la incorporación de personal de apoyo (ministros de fe) de otras unidades administrativas permitió fiscalizar 6.578 viviendas al año siguiente de su implementación. Sin embargo, en 2025 solo se recuperaron cinco viviendas.

Las estadísticas de fiscalización por verificación de ocupación en la Región Metropolitana se muestran en la siguiente tabla:

El marco normativo que rige estas fiscalizaciones en terreno se formalizó el 30 de diciembre de 2025 mediante la dictación de la Resolución Exenta N°5060 de la Dirección del Serviu Metropolitano. Este instrumento reguló la secuencia de acciones administrativas desde el ingreso y la admisibilidad de la denuncia ciudadana, el cruce de información con las bases de datos de asignación de subsidios, la verificación de los plazos legales de prohibición, la designación formal de los ministros de fe y el levantamiento de las actas de inspección presencial.

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A nivel nacional, también es posible detectar un aumento en el número de fiscalizaciones ejecutadas. A pesar de todo el despliegue, en redes sociales las personas aún exponen su malestar respecto a las irregularidades que ocurren en sus condominios y a la falta de fiscalización a pesar de denunciar.

Resulta importante destacar que, dentro de las publicaciones donde organismos públicos hacen un llamado a denunciar estos hechos, las comunas que más se repiten son Colina y Melipilla, las cuales registraron 79 y 515 viviendas fiscalizadas respectivamente en los últimos cuatro años.

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Los procesos de fiscalización en la Región Metropolitana han evidenciado incumplimientos a las prohibiciones en diversas comunas, destacando especialmente Quilicura, que concentra seis recuperaciones y se perfila como el principal punto crítico. También se registran infracciones, con posterior reasignación en La Florida (3), Lampa (3) y Colina (2). En contraste, comunas como Til Til, Melipilla, Pudahuel y San Joaquín muestran solo una recuperación.

Viviendas en lista de espera

Con un total de 1.954 denuncias y 17.340 fiscalizaciones entre los años 2022 y 2025, el Serviu Metropolitano logró recuperar 22 inmuebles y reasignar 18 de ellos. Por lo tanto, considerando el total de denuncias, la tasa efectiva de recuperación corresponde apenas al 1,13%.

Este escenario se repite en otras regiones, por ejemplo, en Tarapacá, durante el mismo período, los funcionarios lograron recuperar 20 viviendas. Sin embargo, el Serviu de la zona solo ha logrado reasignar cuatro propiedades, mientras que las 16 restantes se encuentran en un “proceso administrativo pendiente”.

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En el caso de Valparaíso y otras regiones consultadas, se informó a este medio que durante el periodo 2022-2025 no se registraron viviendas restituidas, es decir, recuperadas y reasignadas. Lo anterior se debe a dos hechos, en primer lugar, en cuatro años, no se recuperaron viviendas o existen procesos en curso donde aún no es posible determinar si efectivamente dichos inmuebles terminarán siendo restituidos.

Al ser consultados por la demora en la reasignación, se comentó que se debe hacer un traspaso legal al patrimonio del Serviu y, posteriormente, inscribir las propiedades en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente junto a otras gestiones administrativas. Solo cuando concluye esta etapa y papeleo, la institución puede tomar posesión física de la propiedad, verificar si se encuentra deshabitada o tomada, evaluar su estado y realizar las reparaciones necesarias.

Por si el proceso no fuera suficientemente lento, en la gran mayoría de las restituciones el Estado se ve obligado a buscar financiamiento debido al mal estado en que se encuentran las propiedades.

Tras una solicitud de información, Serviu Metropolitano transparentó que el gasto total en reparaciones de las viviendas ascendió a $8.480.110 entre 2022 y 2025, siendo Pudahuel, Cerro Navia y San Bernardo las comunas donde se realizó la mayor inversión.

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Sin embargo, la institución aclaró que esta cifra es parcial porque el monto corresponde únicamente a materiales adquiridos de forma externa, ya que utilizan insumos propios de sus talleres. En tanto, la mano de obra corresponde a personal de mantención.

La demora en los tiempos de reasignación trae consigo un nuevo problema: ¿Cómo prevenir que las propiedades sean tomadas o que se conviertan en focos de delincuencia debido a la tardanza?

Consultado acerca de esta situación, el director del Serviu Metropolitano, Roberto Acosta explicó que es una situación compleja porque “finalmente esas viviendas siempre terminan siendo tomadas”. Una situación cada vez más notoria para la institución es que en algunos sectores de la región luego de recuperar la vivienda y reasignarla, la nueva familia comienza a ser víctima de acoso por parte de vecinos y toman la decisión de abandonar el lugar o son sacados a la fuerza.

Según sus palabras, donde “mejor” funcionan las reasignaciones es en conjuntos que fueron construidos a partir de 2015, debido a que las familias generalmente se quedan. En cambio, en poblaciones más antiguas, en contextos de drogadicción y delincuencia, “las familias terminan yéndose de nuestras viviendas, lamentablemente”, explicó el director.

La supuesta espera de 90 días

En términos legales, los Serviu del país están facultados bajo la Ley 17.635 y el Artículo 61 del Decreto Supremo 49 para fiscalizar, iniciar demandas de restitución y reasignación de las propiedades que fueran adquiridas a través de subsidios habitacionales.

La normativa actual exige que, para acreditar el mal uso de una propiedad, los fiscalizadores deben realizar un mínimo de tres visitas presenciales en días distintos, mediando al menos cinco días hábiles entre ellas, en un plazo no menor a dos meses. Además, si se aplica el Decreto Supremo, la ley obliga a perseguir la restitución financiera del dinero recibido por el beneficiario, al valor de la Unidad de Fomento (UF) vigente a la fecha de restitución.

En efecto, el artículo 28 de la Ley 17.635 establece que “las viviendas que se adjudicare el Servicio en virtud de las disposiciones de esta ley se pondrán a disposición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que éste, dentro del plazo de noventa días, las asigne a personas que se encuentren en situación de urgente necesidad habitacional […]”.

Según la información recopilada por esta investigación, muchas de las viviendas en lista de espera datan de 2024, por lo que las condiciones en que son recuperadas y los tiempos de todo el proceso, vuelven imposible que este plazo se cumpla. Mientras tanto, las propiedades quedan expuestas a transformarse en focos de delincuencia.

Para Felipe Aguilera, sociólogo y Magíster en Planificación Urbana, el periodo en que el inmueble queda deshabitado genera un impacto directo en el entorno social y urbano de las comunidades. Esta situación puede explicarse bajo la teoría de las ventanas rotas, la cual afirma que, ante señales visibles de delincuencia y abandono, la percepción en la comunidad de que a nadie le importa, genera una delincuencia cada vez mayor.

“El abandono trae más abandono. Eso se traslapa a lo que es la infraestructura urbana. Locales, viviendas, bloques de viviendas abandonados, todo eso va aumentando el deterioro […] si tú dejas de invertir en un sector, automáticamente te van a aparecer esta serie de problemas”, advierte Aguilera.

Vivienda recuperada, vivienda entregada

Desde distintos gobiernos han intentado hacer frente al mal uso de viviendas sociales, algunos desarrollando campañas como Te Caché, haciendo llamados en redes sociales a denunciar, aumentando el número de fiscalizaciones, pero ninguna estrategia ha tenido resultados efectivos ni concretos. Más bien, pareciera que el problema tiende a estancarse en la etapa de reasignaciones.

El propio exministro Monckeberg, coincide en que la estructura actual es ineficiente para recuperar viviendas de forma masiva, ya que, según sus propias palabras, los “procesos de fiscalización hoy día consideran más bien un carácter preventivo, con la promoción que se hace, más que ser tan eficientes en cuanto a recuperar una cantidad importante (de viviendas)”, sostuvo.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, pretende modificar el Decreto 49 y ampliar el plazo de prohibiciones pasando de cinco a diez años. Esto luego que constatara la existencia de departamentos desocupados en Concepción. “Hay gente inescrupulosa que postula a la vivienda social y después la arrienda. A esas personas les vamos a quitar la vivienda”, señaló la autoridad para este reportaje.

El ministro estaría trabajando en analizar una línea presupuestaria que “permita reforzar los equipos a nivel nacional para poder hacer recuperaciones rápido […] entonces, vivienda recuperada, vivienda entregada”, detalló el director del Serviu Metropolitano, Roberto Acosta.

Hasta el cierre de esta investigación aún quedan dudas de cómo, en medio de recortes fiscales en la cartera, se pretende aumentar la dotación de fiscalizadores a nivel nacional. Todas estas promesas se verán en el proyecto presupuestario que se empezará a discutir en septiembre de este año. Mientras tanto, el mercado informal de arriendo y venta de viviendas sociales seguirá operando en tanto el sistema lo permita de alguna manera. (*Este reportaje fue realizado por la estudiante Almendra Méndez, en la sección del profesor Boris Bezama del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.*)