Advierten impactos por el fin del beneficio tributario para viviendas sociales

Beneficio tributario que se aplica a las viviendas sociales desde 1975 y que, en virtud, de la Ley 21.420, que busca reducir o eliminar exenciones tributarias para aumentar la recaudación fiscal,

Fuente: La Discusión

Fecha: 10.09.2025

El gremio de la construcción expresó su preocupación por la inminente eliminación del Crédito Especial a Empresas Constructoras (CEEC), un beneficio tributario que se aplica a las viviendas sociales desde 1975 y que, en virtud, de la Ley 21.420, que busca reducir o eliminar exenciones tributarias para aumentar la recaudación fiscal, considera un cronograma de derogación progresiva del CEEC, hasta 2027, que ha impactado directamente la viabilidad financiera de los proyectos de vivienda social.

El CEEC permitía a las empresas constructoras recuperar un porcentaje del IVA soportado en la adquisición de materiales y servicios. Para las viviendas sociales exentas de IVA, este beneficio se extendió en 2017 y se calculó como un porcentaje del valor de la venta. Históricamente, este mecanismo funcionó como un incentivo crucial para mantener la participación del sector privado en la construcción de este tipo de viviendas, cuyos márgenes de utilidad son muy menores que los del mercado inmobiliario tradicional.

Así, hasta diciembre de 2022 el beneficio correspondía al 12,35% del valor de la venta de la vivienda social; hasta diciembre de 2024 se redujo a 6,175%; hasta diciembre de 2016 se estableció una nueva reducción a la mitad, quedando en 3,0875% del valor; y, a partir de enero de 2027, está programado el retiro definitivo del CEEC para viviendas sociales.

Sebastián Godoy, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Ñuble, expresó que, “como gremio, hemos manifestado, desde su anuncio, nuestra profunda preocupación frente a la eliminación del CEEC, medida que apunta a disminuir el costo y facilitar el acceso a la vivienda, de forma que su eliminación tendrá impactos significativos en las familias que hoy enfrentan dificultades crecientes para acceder a una vivienda”.

Puntualizó que “la eliminación del CEEC significa un aumento inmediato en el costo de las viviendas, llevando a un aumento en su precio y profundizando así el déficit habitacional que afecta a alrededor de un millón de hogares de nuestro país. Como gremio, entendemos la necesidad de revisar y focalizar beneficios, pero sostenemos que esta discusión debe considerar también el impacto social de las medidas. En este contexto, proponemos avanzar hacia soluciones que permitan mantener la viabilidad de los proyectos habitacionales y, al mismo tiempo, mejorar la focalización del apoyo estatal”.

Por ello, el dirigente gremial planteó que, “tomando las conclusiones del informe de la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad, creemos fundamental avanzar en mecanismos que compensen la eliminación del CEEC y su impacto en el acceso a la vivienda de miles de familias. Dicho mecanismo podría ser una ayuda directa a las personas, en línea con lo señalado en dicho informe, permitiendo así una política pública más focalizada, transparente y eficiente”.

Piden postergación

Al respecto, el diputado Frank Sauerbaum, expuso que “la ley que termina con el beneficio tributario va a impedir que los proyectos que se presenten el próximo año se puedan ejecutar, porque van a quedar desfinanciados”.

“El problema central radica en que numerosas empresas constructoras que planificaron sus proyectos bajo el tramo de beneficio vigente hasta 2024, se han visto perjudicadas por demoras administrativas en la gestión interna de los Serviu regionales. Procesos como la aprobación de estados de pago, la recepción de obras o la tramitación de las escrituras, que son ajenos a la responsabilidad de las empresas, han postergado la fecha de venta de las viviendas”, explicó el legislador.

“Como consecuencia directa -continuó-, estas empresas se ven forzadas a realizar las ventas en el tramo de 2025, recibiendo solo la mitad del crédito fiscal con el que contaban al momento de estructurar financieramente el proyecto (3,0875%, en lugar de 6,175%). Esto se traduce en un daño patrimonial significativo que altera por completo el equilibrio económico de los contratos, afectando la liquidez y la sostenibilidad de las constructoras, especialmente de las pequeñas y medianas. Esta situación crea un desincentivo estructural que lleva a las empresas a reevaluar su participación en futuras licitaciones de proyectos de vivienda social o hacerlo en condiciones más onerosas, poniendo en riesgo el cumplimiento de las metas habitacionales del país”.

Por ello, este lunes, Sauerbaum envió un oficio al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, para presentarle la problemática que se avecina para las empresas constructoras. “Le estamos proponiendo al gobierno formalmente -yo hablé con el ministro de Hacienda- decretar un retraso en la entrada en vigor del siguiente tramo que reduce este impuesto a viviendas sociales, porque los proyectos vienen evaluándose hace dos o tres años con un estado financiero distinto”, señaló.

El parlamentario agregó que “es absurdo que el estado le entregue un beneficio a las personas y lo tenga que aumentar justamente porque se termina un crédito tributario que las constructoras ya tenían evaluado dentro de sus proyectos. Es absurdo que le quiten el crédito tributario a una constructora y la constructora tenga que aumentar el valor de esas viviendas, pidiendo más financiamiento al estado. Por lo tanto, por un lado, entran recursos, pero salen por otro. Y finalmente, lo que va a salir del estado, lo que va a tener que entregar como subsidio adicional, va a ser más caro”. (Roberto Fernández)