Concejales se abren a debatir alternativa a demoler ex hotel Punta Piqueros en Concón

Uno de ellos plantea que mantenerlo es un riesgo ante un tsunami, pero otros 3 plantean que destruirlo sería “una locura” con impactos económicos y ambientales.

Fuente: El Mercurio

Fecha: 12.10.2025

Precedente. El mismo cuerpo colegiado que en 2009 dio   el permiso al edificio podría decidir con su voto si este se preserva o bien se demuele, cumpliendo una orden dictada en 2024 por la Seremi del Minvu.

El artículo 13 de la Ley 13.364, promulgada en 1958 a instancias del diputado Gustavo Lorca, le da hoy al concejo de concón un rol decisivo ante el destino de la inversión de US$ 80 millones concretada para levantar un hotel en el peñón Oreja de Burro de esa comuna.

Sobre el recinto pesa desde 21024 una orden de demolición que no se ha ejecutado, porque la inmobiliaria Punta Piqueros, su dueña, la mantiene suspendida con litigios aún pendientes. En uno de ellos, un reclamo de ilegalidad contra el municipio, la Corte de Valparaíso propone una conciliación que salvaría el edificio, si muta su destino hotelero a otro de servicios múltiples llamado Punta Mar.

Si la Dirección de Obras Municipales (DOM) aprueba el proyecto ingresado por la inmobiliaria con tal objetivo, la “ley Lorca” exige que el permiso debe ser ratificado por los 2/3 del concejo (cinco votos entre los seis concejales y el alcalde). Es la misma instancia que en marzo de 2009 aprobó en forma unánime dar el vamos al hotel, que logró ser construido cuando la Corte Suprema ratificó su nulidad por no contar antes con un EIA.

La mirada de los ediles

Hoy están en el concejo tres integrantes de aquel que hace 16 años respaldó su construcción. Pero el precedente inmediato es adverso para la pervivencia del edificio: en 2023, el cuerpo colegiado rechazó sin disidencia, un avenimiento propiciado por la misma Corporación Pro Defensa del Patrimonio que logró que la justicia anulara su permiso.

Uno de los rechazos más categóricos esa vez fue el de la actual concejala María José Aguirre (Ind.-Evópoli). “El maquillaje que se le está aplicando al proyecto, su cambio de nombre, destino y su adaptación al PRC (Plan Regulador Comunal), no elimina el problema de fondo; se mantiene en igual lugar, plena zona de inundación bajo la línea de seguridad”, insiste hoy

“Desde el punto de vista jurídico, la cota 30 de Senapred y las cartas del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) son instrumentos oficiales para la planificación urbana. Autorizar un proyecto en una zona de alto riesgo podría contravenir el principio de seguridad pública y la ley de Urbanismo (…). En una posible aprobación, ¿quién asumirá la responsabilidad frente a eventuales pérdidas humanas por un tsunami”? ¿El municipio, la DOM o los concejales?”, plantea.

En el otro extremo está el concejal Jorge Valdovinos (RN), quien era el alcalde cuando el municipio aprobó construir el hotel.

“El despropósito ambiental que implica una demolición me perturba”, plantea el edil, quien recuerda que el concejo aprobó sin objeciones y con apoyo de la Unión Comunal de Vecinos el proyecto, dado que el Servicio de Evaluación Ambiental certificó en aquella ocasión que no requería una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y que buzos de la Armada comprobaron que las obras no alteraron el fondo marino, dice.

Otro de los que integraban el concejo de 2009 es Ricardo Urenda (Ind.-Evópoli) quien esa vez se abstuvo, porque uno de los primos de su padre era socio del proyecto. En todo caso, afirma que es un parentesco de quinto grado y que la ley inhabilita sobre decisiones que afecten a familiares hasta tercer grado, por lo que ahora debería pronunciarse.

“Sería una locura ambiental y patrimonial demoler el edifico y exponer al municipio a un daño económico grande”, señala, refiriéndose al juicio indemnizatorio ya emprendido por la inmobiliaria.

En todo caso, destaca que hay que esperar, si lo aprueba la DOM, a conocer en detalle el proyecto, que ha trascendido tendría uso mixto de gastronomía, cafetería, oficinas profesionales, coworking, consultas médicas, espacios para pymes y galerías de arte.

Y aunque también espera conocer el proyecto antes de dar una respuesta definitiva, la concejala Paulina Zúñiga (P. Republicano) adelanta: “Demolerlo generaría un daño peor que el que pudo haber causado en su momento, si es que así fue”.

Los concejales Elda Arteaga (DC) y Alberto Fernández (DC) no respondieron. (Mauricio Silva)