Los 99 sitios de la discordia: La trama que tensiona al empresariado con la ministra Maisa Rojas

El sector privado advierte por un "congelamiento" productivo. La ministra de Medio Ambiente lo niega, aunque accedió a extender el proceso de diálogo. Aquí el detalle de la disputa.

Fuente: Emol

Fecha: 30.10.2025

La implementación de la Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), está en el centro de la tensión entre el mundo empresarial chileno y el Ministerio del Ambiente.

Los principales gremios productivos del país -entre ellos la CPC, la Sonami, la SNA, la CChC, SalmonChile y Corma- se unieron ayer para expresar su "profunda preocupación" en torno a cómo la cartera liderada por Maisa Rojas está llevando a cabo este proceso.

"Puede generar un congelamiento de la actividad productiva" o "estamos frente a una posible expropiación regulatoria", fueron algunas de las advertencias.

Pero, ¿de qué se trata esta ley y qué es lo que tiene al mundo empresarial en alerta?

Tras varios años de tramitación, en junio de 2023 el Congreso aprobó la ley que creó el SBAP y en septiembre del mismo año se publicó en el Diario Oficial.

Es conocida como la ley para la Naturaleza, que además de dar origen al SBAP -que absorberá a la Conaf- , también creó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y el Fondo Nacional de la Biodiversidad. El objetivo central de la normativa es fortalecer la conservación de la diversidad biológica del país y proteger su patrimonio natural mediante políticas, instrumentos y financiamiento específicos.

Así, en términos simples, la normativa creó instrumentos de protección y gestión de la biodiversidad, y entre ellos se destaca la denominación de "sitios prioritarios", una figura que comenzó a utilizarse en los años 2000, pero que la nueva ley mandató a analizar científica y técnicamente para acotarlos y protegerlos formalmente. Y precisamente ahí está el núcleo de la polémica.

Los 99 sitios de la discordia

A la fecha, la Ley 21.600 se encuentra en etapa de consulta ciudadana respecto a 99 polígonos en distintas zonas del país que Medio Ambiente pretende declarar "sitios prioritarios". Este proceso de consulta se realizaría entre el 17 y el 21 de octubre, pero el Ministerio del Medio Ambiente decidió extender el plazo entre el 3 y el 5 de noviembre, luego de las manifestaciones en contra del periodo inicialmente fijado y de críticas hacia el contenido de la ley.

Y ahora, según anunció hoy la ministra Rojas tras los reparos del sector privado, el plazo de la consulta volverá a extenderse durante todo noviembre.

A juicio del mundo empresarial, la determinación de sitios prioritarios requería reglamentos que entregaran un marco claro, el cual hoy no existiría.

Por el contrario, afirman que la ambigüedad de la ley ha llevado al Ministerio de Medio Ambiente a establecer unas bases metodológicas y abrir una consulta pública para definir -vía decreto- 99 sitios prioritarios que tendría una extensión total de unos 4 millones de hectáreas, en las que se verían limitadas ciertas actividades productivas.

Entre los sectores más activos en levantar advertencias respecto al tema destaca el minero. De hecho, ayer, Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) cuantificó que los sitios prioritarios afectarían a 302 pertenencias mineras en todo el país, además de una superficie potencial de explotación capaz de contener hasta 20 millones de toneladas de cobre en el subsuelo.

De acuerdo a los cálculos de la industria minera en base a los mapas de los sitios prioritarios, un 25% de toda la Región de Atacama quedaría bajo resguardo, imposibilitando las actividades ya existentes en esa área.

En el caso de la salmonicultura, los centros de cultivo afectarían la zona mixta que abarca la Región de Los Ríos y la Región de Los Lagos. En tanto, en la industria forestal, las implicancias alcanzarían a bosques nativos, plantaciones e incluso a plantas industriales.

Por eso, los empresarios solicitaron extender el plazo de la consulta pública para permitir un análisis técnico profundo del listado de 99 sitios prioritarios. "10 días hábiles más no son suficientes", manifestaron, a lo que la ministra Rojas accedió.

También pidieron conformar mesas de trabajo multisectoriales que involucren a todos los sectores productivos afectados. Asimismo, llamaron a "asegurar el respeto a los derechos adquiridos y a las actividades económicas preexistentes", además de "considerar el impacto económico y social de estas decisiones en la reactivación que tanto necesita el país".

Ministra refuta a empresarios

Además de anunciar que se extenderá el plazo de la consulta pública -proceso que cuenta con unas 1.800 observaciones-, la ministra Rojas aprovechó de "desmitificar" algunas de las afirmaciones del sector privado.

"No hay ninguna actividad que no se pueda realizar dentro de los sitios prioritarios, a menos que sea ilegal. Y en esto quiero ser muy enfática: las actividades productivas que se están desarrollando actualmente en sitios prioritarios no se verán afectadas", subrayó.

Por último, manifestó que "los sitios prioritarios son instrumentos de conservación que orientan la planificación ecológica y territorial y ponen en valor nuestra riqueza natural como país". (Martín Garrretón)