Megatoma: cronología de las gestiones de las autoridades que han ido dilatando el desalojo

En 2024 y en enero de este año, la Corte de Valparaíso rechazó argumentos como la carencia de recursos, capacidad y sitios disponibles para albergar a las 4 mil familias del campamento en San Antonio.

Fuente: El Mercurio

Fecha: 23.10.2025

San Antonio

Dos delegados PC, un ministro PS, alcaldes FA e Indep., mas seremis FA y PPD han sido interpelados por el fallo.

El desalojo de la denominada megatoma de San Antonio ha ido agotando todos los plazos para su cumplimiento, tras haber sido ordenado por la Corte de Valparaíso el 23 de junio de 2023. Desde entonces, han sido sucesivos los planteamientos de autoridades del Gobierno y municipales en torno a las dificultades para materializar dicha sentencia e incluso han alegado no contar con las facultades, recursos no capacidad operativa para llevar a cabo el proceso garantizando la devolución del paño usurpado y la seguridad de quienes habitan el campamento.

El último ejemplo lo dio este mes el delegado presidencial Yanino Riquelme (PC), en su respuesta al tribunal: “Debemos señalar que efectivamente las carteras e instituciones que coordina esta Delegación Presidencial Regional han informado insistentemente que carecen de atribuciones y facultades respecto del establecimiento de albergues transitorios en materia de desalojos y tampoco cuentan con glosa presupuestaria para apoyar esta tarea”

Así pasan los años y permanece el asentamiento irregular, pese a que el fallo fue ratificado en marzo de 2024 por la Corte Suprema y debía cumplirse a partir de noviembre de ese año.

Marzo 2024: Fallo de la Corte Suprema

Si en los seis meses de plazo que inicialmente otorgó, alargados a ocho, los 10 mil habitantes de la megatoma no abandonaban en forma voluntaria el predio de 215 hectáreas que están usurpado, la Corte Suprema ordenó al Ministerio del Interior desalojarlos con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición.

Si este era el caso, ordenó a la Municipalidad de San Antonio que se coordinara con los ministros del Interior, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo social para implementar en forma transitoria “un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas”.

Al momento del fallo, marzo de 2024, el municipio era encabezado por la alcaldesa Constanza Lizana (Indep. Ex FA). Durante su gestión, fue cuestionada por los consejos por WhatsApp que en su anterior labor profesional como abogada entregaba a usurpadores de la misma comuna.

Además, la Dirección de Obras Municipales de San Antonio se negó a ordenar la demolición por carecer de permisos, de las construcciones ilegales en el mega campamento, como los dueños del predio le solicitaron.

Su sucesor, Omar Vera (Indep., ex Radical), se quejó de que al asumir la corporación edilicia ella no había efectuado ninguna gestión para cumplir el fallo. Por eso, el 31 de enero, cuando vencía el plazo extendido de desalojo, Vera notificó a la Corte que no estaba en condiciones de cumplir lo mandado, aduciendo igualmente carecer de espacios aptos y recursos para albergues no solo en la comuna, sino que también en la región.

Añadía que el desalojo generaría un “conflicto social y de seguridad insospechado”. Hasta hoy ha mantenido públicamente esta postura, señalando que en los seis meses de plazo las autoridades solo se concentraron en intentar condiciones para que el propietario vendiera el terreno a los ocupantes sin abordar el plan b, en caso de que tal acuerdo fallara, como ocurrió. Para él, esta situación es clave en que hoy estemos como al inicio.

Sin embargo, esta semana la directora jurídica municipal Alejandra Soto informó a la Corte que la corporación edilicia está adecuando dependencias propias, como los gimnasios, que podrían brindar alojamiento a 50 familias para un desalojo progresivo que tome entre 6 meses y un año. Ayer declinó contestar a este medio qué faltaría para ponerse en marcha.

Octubre de 2024: Delegada PC pide aplazarlo un año

Aquí el proceso vive un momento clave: en aquella fecha, la antecesora de Riquelme, la también comunista Sofía González (también PC), ingresó un escrito al tribunal de alzada de Valparaíso pidiendo postergar en un año el desalojo, puesto que la Seremi de Desarrollo Social “no cuenta con ningún recurso ni capacidad para financiar y/o implementar un recinto albergue transitorio para acoger familias en los términos declarados por la sentencia”.

En el lapso, añadía González, el Ministerio de Vivienda organizaría a los ocupantes en cooperativas que comprarían el sitio. La respuesta de la Corte fue: “No ha lugar, por improcedente”.

En todo caso, el tribunal de alzada accedió a postergar la ejecución del fallo al 31 de enero de 2025. Ese día, Riquelme, su sucesor, volvió a enviar un escrito insistiendo en aplazar el desalojo 12 meses, para consolidar la estrategia de formar cooperativas –impulsada por la cartera encabezada por el cuestionado Carlos Montes (PS)- entre los ocupantes que compren al dueño los tramos de terreno que ocupan y dados los avances que existían en ello,

“Las carteras e instituciones que coordina la delegación carecen de atribuciones respecto de albergues transitorios y de glosa presupuestaria para apoyar esta tarea. Tampoco se dispone a nivel de auxilio de la fuerza pública de recursos logísticos y humanos necesarios para el éxito del desalojo”, volvió a argüir.

Y la Corte dijo: “Improcedente, los plazos están vencidos”.

Sin embargo, el Ministerio de Vivienda y los presionados dueños –víctimas de la usurpación- concordaron aplazarlo en otros seis meses para que una mesa tripartita, integrada también por el municipio de San Antonio, buscara establecer bases de un posible acuerdo para concretar esa idea de vender al predio a los ocupantes organizados en una federación de cooperativas.

Febrero 2025: Se acuerda negociación, que no prosperó

El ministro Montes encabezó las negociaciones con los dueños del predio en los últimos seis n meses de aplazamiento de la ejecución del fallo. El plazo se cumplió sin llegar a acuerdo, pero la mesa con los propietarios y el municipio no abordó su otro objetivo; “Concordar las modalidades para dar cumplimiento razonable y paulatino del desalojo”.

Posteriormente, los informes a la Corte de los seremis de Bienes Nacionales, Eduardo León (PPD), y Desarrollo Social, Claudia Espinoza (FA), reiteran que han vuelto a catastrar inmuebles fiscales sin dar con alguno con la habitabilidad y dignidad para servir de refugio y que carecen de atribuciones y recursos para habilitarlos en las condiciones que pide el fallo. (Mauricio Silva)