Papaya Gate: revelan compraventa de terrenos colindantes a menor precio y complican tesis del sobreprecio

Documento notarial da cuenta de una operación posterior a la compra del GORE que desacredita la valorización inmobiliaria presentada por la defensa de Barcchitta.

Fuente: El Día

Fecha: 27.05.2025

Durante la audiencia de formalización realizada hoy en el bullado caso “Papaya Gate”, la defensa del gerente de las inmobiliarias, Pablo Barcchitta, intentó justificar el pago de los terrenos a razón de 6 UF por metro cuadrado, apelando a una serie de tasaciones realizadas posteriormente a la firma del contrato de compraventa. Según su argumento, la especulación inmobiliaria asociada al eventual cambio del plano regulador de La Serena explicaría el valor pactado.

Sin embargo, dicha argumentación carece de consistencia si se contrasta con la información obtenida por Diario El Día, en relación con un contrato privado de compraventa de terrenos vecinos —y en similares condiciones— suscrito entre una inmobiliaria regional y una empresa agrícola. En ese caso, se adquirieron 24,8 hectáreas por un total de 310.000 UF, lo que equivale a un valor de apenas 1,25 UF por metro cuadrado.

Este contrato, certificado por el notario Rubén Reinoso Herrera, fue firmado el 30 de noviembre de 2020, es decir, posteriormente al segundo contrato de compraventa entre el Gobierno Regional y las inmobiliarias involucradas en el caso, el cual se celebró el 3 de julio de 2020 en la Notaría Fernández de La Serena. Dicho contrato —que incluyó modificaciones como la "cláusula novena", la cual permitió la inscripción de la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces sin la necesidad de la toma de razón previa por parte de la Contraloría— fijó el precio en las cuestionadas 6 UF por metro cuadrado.

Este antecedente es clave: con fecha posterior al contrato del GORE, se realizó una operación inmobiliaria por terrenos vecinos y de similares características a un valor muy inferior. Ello contradice directamente la tesis de una valorización acelerada y justifica aún más los cuestionamientos del Ministerio Público respecto a un eventual sobreprecio pagado con recursos públicos. (Equipo El Día)