Proyecto de ley busca agilizar conexiones de agua y luz en viviendas

La propuesta busca reducir los tiempos de espera para conectar agua potable y electricidad en conjuntos habitacionales, una situación que puede mantener viviendas terminadas sin posibilidad de ser entregadas. El ministro Iván Poduje anunció la iniciativa durante la entrega de 148 casas del proyecto La Platina Lote 31, en Puente Alto.

Fuente: Diario Inmobiliario

Fecha: 13.11.2026

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Una vivienda puede estar construida, tener sus terminaciones listas y, aun así, permanecer cerrada durante semanas o meses. La falta de conexión a servicios básicos se ha convertido en uno de los obstáculos que enfrentan algunos proyectos habitacionales, una situación que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) pretende abordar mediante un nuevo proyecto de ley.

La iniciativa fue anunciada el 4 de noviembre por el ministro Iván Poduje, durante la entrega de 148 viviendas correspondientes a la primera etapa del proyecto La Platina Lote 31, en Puente Alto. En esa instancia, la autoridad planteó la necesidad de agilizar los procedimientos asociados a la instalación de servicios, particularmente cuando las obras habitacionales ya se encuentran prácticamente terminadas.

El propio conjunto residencial fue presentado como ejemplo de esta dificultad. Según informó el Minvu, las familias pudieron recibir anticipadamente sus viviendas gracias a certificados de habitabilidad emitidos por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Puente Alto, luego de las gestiones realizadas por el ministerio con el alcalde Matías Toledo.

La intervención permitió avanzar en la entrega de las casas, que enfrentaban obstáculos administrativos relacionados con la disponibilidad de servicios básicos.

«Teniendo las casas casi listas, no podíamos avanzar por burocracia vinculada a la instalación de servicios», señaló Poduje durante la actividad.

El ministro también apuntó a los tiempos de respuesta de las empresas proveedoras, cuestionando que sus plazos de instalación puedan retrasar la ocupación de conjuntos habitacionales. Según consignó Radio Agricultura, la autoridad advirtió que mantener viviendas terminadas y desocupadas genera otro problema: la exposición de las propiedades a robos y actos de vandalismo.

Los alcances que deberá definir el proyecto de ley

Aunque el anuncio instala la posibilidad de introducir cambios en los procedimientos de conexión, todavía no se conocen los contenidos específicos de la propuesta ni las obligaciones que establecería para las empresas de servicios.

Uno de los aspectos centrales será determinar si el proyecto contempla plazos máximos para que las compañías sanitarias y distribuidoras eléctricas ejecuten las conexiones, junto con mecanismos de fiscalización y eventuales sanciones por incumplimiento.

También deberá precisarse si se incorporarán alternativas de recepción provisoria que permitan entregar las viviendas mientras se completan determinadas instalaciones, siempre que se cumplan las condiciones técnicas y de seguridad correspondientes.

A ello se suman dos interrogantes: cuándo ingresará la iniciativa al Congreso y cuál será su ámbito de aplicación. Por ahora, no se ha informado si las nuevas disposiciones estarán destinadas exclusivamente a proyectos financiados con subsidios habitacionales o si también alcanzarán al desarrollo inmobiliario privado.

Un problema que también alcanza al mercado inmobiliario

La conexión de servicios básicos no representa solamente una dificultad para las familias que esperan recibir sus viviendas. También puede incidir en los costos y la planificación de las empresas constructoras e inmobiliarias.

Cuando existe una diferencia entre el término de las obras y la disponibilidad efectiva de agua potable y electricidad, los proyectos pueden enfrentar retrasos en sus procesos de recepción y entrega. Esto puede repercutir en la programación de las escrituraciones, la ocupación de los inmuebles y los flujos financieros asociados a cada desarrollo.

En el ámbito de la vivienda subsidiada, el efecto tiene una dimensión adicional. Las familias que han esperado durante años por una solución habitacional pueden encontrarse con sus casas construidas, pero sin condiciones para ocuparlas de inmediato.

Por eso, el anuncio del Minvu abre una discusión que va más allá de la agilización de trámites. La coordinación entre organismos públicos, municipios y empresas proveedoras de servicios aparece como un factor determinante para reducir los tiempos que separan el término de una construcción de su entrega efectiva.

La efectividad de la futura legislación dependerá de cómo se traduzca ese objetivo en plazos exigibles, responsabilidades claras y mecanismos de cumplimiento. Un cambio que, de concretarse, podría tener implicancias tanto para la política habitacional como para la gestión de nuevos proyectos inmobiliarios en Chile. (Equipo Redacción EDI)