Retraso en subsidios, deudas con constructoras y ambivalencia ante tomas complican meta habitacional

"(Se) hará más lenta la entrega en los próximos meses y probablemente en los primeros años del próximo gobierno", es una de las principales conclusiones, sumada a descalces y riesgo de obras.

Fuente: El Mercurio

Fecha: 12.10.2025

Antecedente. En el período comprendido entre mayo de 2023 y agosto de 2025 sólo se han superado las 11 mil unidades mensuales entregadas en agosto-septiembre de 2024 y en diciembre 2024-enero 2025.

Dos análisis recientes a los que tuvo acceso "El Mercurio" remarcan la complicada situación de los programas de viviendas sociales y la entrega de subsidios con metas que no se cumplirán, millonarias brechas financieras, obras en peligro de perderse, ayudas que no alcanzan y que se pierden todos los años, además de un preocupante aumento de familias en campamentos.

Uno de ellos -de Libertad y Desarrollo (LyD)- alude a que el Plan de Emergencia Habitacional del Ministerio de Vivienda "avanza a un ritmo insuficiente, con atrasos en programas clave", como el DS 49 (inmueble sin deuda), "lo que impide cumplir con la meta de 260 mil viviendas a fines de 2025.

A su juicio, a esto se suma "un descalce financiero entre subsidios otorgados y recursos disponibles, con una deuda vencida reconocida (por el Ministerio de Vivienda) de US$ 130 millones a constructoras".

El estudio también alerta sobre "una actitud ambivalente ante las tomas y la falta de políticas claras para los desalojos, además de un lento avance de reconstrucción para las familias afectadas por catástrofes".

Con datos de la cartera disponibles al 31 de agosto de 2025, el avance supera el 82%. Del total de viviendas comprometidas, 214 mil están terminadas y aún deben entregarse 46.412.

El promedio mensual de viviendas terminadas en el último año es de casi seis mil unidades, poco más de la mitad de las más de 11.600 que se requerirían por mes finalizando 2025.

Más lejanas de la meta

LyD destaca también que "el esfuerzo comprometido no es más que los estándares alcanzados por administraciones anteriores". También se advierte que las regiones más alejadas de la meta son la Metropolitana (65,1%), Arica y Parinacota (63,3%),Tarapacá (54,1%) y Antofagasta (35,2%). Esta última, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025, de Techo, registra el mayor incremento de familias que se han trasladado a vivir a campamentos.

Paulina Henoch, coordinadora del Programa Pobreza, Vivienda y Ciudad de LyD, observa "una mayor demanda habitacional por una mayor población migrante o que se va a vivir al norte por mejores oportunidades laborales. los costos de los arriendos han subido y los procesos para terminar viviendas sociales son, por lo general, lentos. existen retrasos en la ejecución de programas, como vivienda sin deuda, y un aumento en el déficit habitacional, lo que agrava la situación".

Asimismo, el mayor retraso se observa en vivienda sin deuda (DS 49), un subsidio habitacional destinado a familias dentro del 40% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares, que no son propietarias y enfrentan situaciones de necesidad habitacional: "A más de tres años del inicio del plan, solo registra un 52% de avance".

También se resalta que, según registros del Minvu, el promedio de viviendas por iniciar en 2024 se acercaba a las 80 mil, mientras que la cifra a agosto de 2025 era inferior a las 60 mil: "Hará más lenta la entrega en los próximos meses y probablemente en los primeros años del próximo gobierno".

En 2024, registros de LyD y el Minvu develaron un descalce entre los subsidios pagados (casi 70 millones de UF) y los otorgados (bordean los 120 millones de UF). "Ha aumentado en los últimos años. se configura una amenaza seria para el desarrollo de la vivienda social, considerando que los compromisos de gasto siguen en aumento", se advierte.

Hasta 30% de ingresos

Unos 15 mil hogares adjudicados con el subsidio de arriendo DS 52 no han podido hacerlo efectivo y cada año se pierden seis mil beneficios. lo anterior ha sido atribuido a la exigencia de que el precio del alquiler de las viviendas no supere las 13 UF. Incluso, con el aporte estatal de 4,9UF, la ayuda es insuficiente para que los hogares no destinen más del 30% de sus ingresos.

Esto revela un estudio de Toctoc y la Fundación Alcanzable, realizado en la Región Metropolitana, sobre la base del llamado regular del subsidio, sin considerar los dirigidos a adultos mayores y personas con discapacidad. El análisis indica que la disponibilidad real para hogares vulnerables sigue siendo reducida, pese a que la oferta de arriendos se ha duplicado en los últimos cinco años.

En 2021, un 12% de los departamentos cumplía con las condiciones: al menos un dormitorio, una zona de estar-comedor-cocina y un baño. Hoy llega al 65%, pero la mayor disponibilidad no se traduce en acceso efectivo porque el monto del subsidio es insuficiente para cubrir el costo real de arrendar sin sobrepasar el 30% de ingresos familiares.

Martín Bonnefoy, product manager de Toctoc, afirma que "la oferta incluye principalmente unidades de un dormitorio, las que son incompatibles para la mayoría de los beneficiarios del susidio regular, que suelen ser hogares de al menos tres integrantes. Solo la mitad de los departamentos elegibles se ajusta a las necesidades".

"Al considerar departamentos de dos o más dormitorios, elegibles para el subsidio, las comunas con mayor oferta son Santiago, San Miguel, Estación Central, La Florida e Independencia, pero aun así para una gran parte de hogares en situación de vulnerabilidad un arriendo de 13UF es muy elevado", añade.

"Hay dos salidas"

Para Pía Mora, directora ejecutiva de la fundación Alcanzable, "la falta de oferta de arriendo asequible es un problema para el mayor uso del subsidio. Hay quienes plantean como solución subir el valor máximo a pagar por arriendo (de 13 a 15 UF), pero sigue sin resolver el problema de capacidad de pago. Hay dos salidas: aumentar el aporte público en el marco del subsidio a la demanda, que el Estado cubra un mayor porcentaje del arriendo a mayor vulnerabilidad; o que el Estado subsidie la creación de nueva oferta, con precios más bajos, por ejemplo, a través de concesiones, regulándose en un decreto supremo".

El análisis concluye que la falta de tipologías adecuadas y la escasa asequibilidad explican que miles de hogares no lo activen.

"Cuando hablamos de 15 mil subsidios vigentes nos referimos a hogares que han sido beneficiados en los ´últimos dos años, pero no han podido aplicarlo. Se pueden sumar los cerca de 50 mil hogares que fueron beneficiados entre 2014 y 2022, que nunca pudieron aplicar el subsidio y este ya caducó", precisa Rosario López, encargada del área social y estudios de fundación Alcanzable. (Mario Rojas Martínez)