“Ya se ha logrado resolver el 54% de trámites sectoriales y Gobierno evalúa nueva ley de permisos”
Al 10 de octubre, aprobaron proyectos por US$ 44.000 millones.
Fuente: El Mercurio
Fecha: 18.10.2026
En los últimos meses, pasaron por el área de agilización de inversiones del Ministerio de Economía: Camanchaca Kimal Lo Aguirre, Fenix, Hotelera lago Ranco, Portuaria Otway, Walmart, Clínica Alemana, Comfrut, Agrícola El Cardonal, múltiples mineras y eléctricas. Buscaban exponer sus proyectos y situaciones para definir los permisos y antecedentes necesarios para avanzar. “Proyectos Críticos por Permisos”, se leía en la solicitud de audiencia de Copec. O “Quisiéramos exponer los permisos más críticos asociados a estos proyectos y solicitar apoyo en el seguimiento”, subrayaba la petición de Sierra Gorda.
Es que si bien, el monto de proyectos de inversión anunciados en estos primeros meses de Gobierno es histórico, las iniciativas se siguen estancando en los llamados permisos sectoriales, e incluso aquellos que han logrado obtener su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), las ven impugnadas en el Tribunal Ambiental.
“El desafío es que estos grandes proyectos puedan concretarse” dice un informe de Libertad y Desarrollo. “Pre RCA se ha hecho bastante esfuerzo, pero queda todo un mundo que es principalmente la coordinación con el tema de los permisos sectoriales”, subrayan en el centro de estudios Horizontal.
Al 10 de octubre, revela el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se han aprobado proyectos por un récord de más de US$ 44.000 millones, “marcando el año en que más inversión se ha aprobado desde que hay registro”. En tanto, el Comité de Ministros ha destrabado proyectos por cerca de US$ 18.000 millones, más de 5 veces el promedio 2014-2025 y diez veces superior a 2025. “Hoy el cien por ciento de la inversión en reclamación administrativa está dentro de plazo”, subrayan.
Dicho esto, datos de LyD dan cuenta de que de los US$ 40.162 millones anunciados al 24 de septiembre, un 61,5% tiene algún recurso administrativo en trámite, o ya sorteó al menos un proceso.
Dado ello, hoy el Gobierno avanza en tres direcciones: se analiza avanzar en una nueva reforma centrada en Permisos. En el entorno político no descartan que ingrese a trámite legislativo este año. O aprovechar el avance del proyecto de ley –actualmente en el Congreso- que modifica el Sistema de Evaluación Ambiental para incluir cambios. Además de introducir indicaciones a la normativa de Patrimonio Cultural, y avanzar en reglamentos, como el de Dirección General de Aguas (DGA) que permitirán destrabar más de 1.000 permisos.
En mayo, cuenta el ministro Mas, fueron contactados uno a uno, más de 600 titulares de todos los proyectos con RCA aprobada en los últimos dos años. Se logró un catastro de 234 proyectos con más de 1.500 permisos sectoriales en trámite. “Ya se ha logrado resolver el 54%. Pero no nos conformamos con esta cifra, por eso continuamos trabajando”, dice.
Hoy está en manos de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, OASI, que lidera el ingeniero comercial Pablo Eguiguren; instancia creada justamente para destrabar desarrollos y aligerar procesos.
El Presupuesto 2027 entrega $3.394 millones a la oficina OASI. Un alza de 48% frente al erario anterior. Incluye una dotación de 27 personas –hoy son once- y 10 a honorarios, además de $ 293 millones para la continuidad del Sistema Unificado de Permisos (Super) que permitirá a los órganos sectoriales que lo requieran la configuración y gestión de expedientes electrónicos de trámites digitales de autorizaciones a ello se suman $1.112 millones para la integración de plataformas con organismos del Gobierno central que incidan de forma crítica en la tramitación de permisos sectoriales.
Revisión de expedientes con IA
Si bien la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), identificó que los permisos con mayor tiempo de tramitación son los de Obra Hidráulica mayor y de Concesiones Marítimas, el Ministerio de Salud es la institución del Estado que más autorizaciones tramita anualmente, entre 500 y 1.500 al año.
Datos de Economía sostiene que a septiembre, el Minsal ha reducido en un 25% la cantidad de trámites atrasados. Además, se ha trabajado en un plan especial con la seremi de Salud en Antofagasta, puesto que es la región que concentra una parte significativa de los proyectos claves de minería y energía.
Desde marzo a julio, destacan, la Dirección General de Aguas ha resuelto más de 4.000 expedientes. “Por primera vez en años, desde junio a la fecha se han resuelto más expedientes de los que ingresan”.
En Concesiones Marítimas, la Subsecretaría para las FF.AA. en conjunto con el BID y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, está implementando la primera revisión de expedientes en el Estado con IA, lo que –dicen en el Ejecutivo- permitirá reducir los tiempos de tramitación de algunas de las etapas administrativas, pasando de 2 a 3 meses a tan solo algunos días.
Para obtener una concesión se pronuncian distintos organismos, unos son las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC). Y pese a que la ley indica que la Subsecretaria para las FF.AA. podrá consultarles, eso –dicen en el mundo privado- se ha convertido en un deberá “por temor a aprobar sin consultar”.
En las CRUBC –“absolutamente político”, dicen- participan desde representantes del Estado hasta la sociedad civil. El Gobierno estaría analizando reducir la opinión de los CRUBC solo para las concesiones menores, ya que las mayores generalmente pasan por Evaluación Ambiental, donde los distintos actores ya las analizan.
Para Horizontal, sin embargo, la principal piedra de tope es el área de Patrimonio, donde radica el Consejo de Monumentos Nacionales. “Para cualquier abogado, enfrentarse a la ley de Patrimonio es como enfrentarse a la desregulación total”, señala el abogado e investigador de Horizontal, Franco Nieri.
Es que, si bien el Gobierno asegura que se ha logrado un aumento del 50% de la revisión de pronunciamientos desde marzo pasado, aún existe una brecha. Desde Piñera II está en trámite una modificación a la Ley de Patrimonio Cultural para acotar lo que se entiende por patrimonial. Se alcanzaron algunos acuerdos en el gobierno de Gabriel Boric, pero nunca se concretaron en indicaciones. Ahora, la administración Kast prepara una indicación sustitutiva trabajada por Minvu, Segpres, Economía, Hacienda, Cultura y Medio Ambiente, que básicamente plantea el proyecto de cero.
Ingresaría en las próximas emanas al Congreso. “Buscamos tener una mejor definición de qué se entiende por hallazgos arqueológicos, además de otorgar atributos que entreguen mayores certezas”, reconocen desde el Ejecutivo. “Buscamos hacerla acorde a la agenda pro inversión del Gobierno”, subrayan.
Las indicaciones, dicen conocedores, buscarían entregar criterios más claros de cuándo suspender una obra, y en qué porción de esa, y que no sea necesario paralizar todo. Además de desconcentrar el análisis, y que no esté todo en manos del Consejo de Monumentos Nacionales. La idea sería que el CMN estuviera a cargo del ítem ‘Reconocimientos’ –por ejemplo, de casas patrimoniales- y la parte Permisos, los viera otra instancia.
“Al parecer sería la Subsecretaría del Patrimonio o el Servicio del Patrimonio el que quedaría con esta segunda función. Y eso destraba mucho”, dice Franco Nieri.
“Tanto desde la izquierda como desde la derecha hay intención de que sea despachado rápido, porque se entiende que genera muchos dolores de cabeza y existe una especie de tirria hacia el negocio que se ha armado”, subrayan contactados.
Este ítem no solo es el que más demora un proyecto, sino que también el que más lo encarece.
Nieri ejemplifica: “Para un terreno de 10.000 m2, algo chico, un arqueólogo puede cobrar $40 millones por hacer un par de hoyos espaciados cada 20 metros; eleva por 50 los precios para los parques fotovoltaicos, y por 150 a las mineras”.
La Ley de Presupuestos establece que el CMN –cuyos recursos caen 1,8%- deberá reportar semestralmente a la comisión mixta de presupuestos sus tiempos de respuesta. Y el número de solicitudes recibidas y respondidas con motivo de permisos. Y las autorizaciones otorgadas.
DGA: bajar 60% los expedientes ingresados
Hace un año se aprobó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales –la llamada Ley MAS- y si bien está en marcha, hay un acápite clave que no está listo. La ley establece que los distintos órganos se autorrevisen y vean qué permisos pueden ser declaraciones juradas de parte de los inversionistas.
Hoy, la normativa está aprobada, pero faltan justamente los pronunciamientos de cada organismo. Contactados, dicen que se estima que salgan 27 reglamentos de esta ley que transformen 74 permisos en declaraciones juradas.
“Hemos acelerado el trabajo en aquellos instrumentos normativos que tienen un mayor impacto en activar la inversión y generar empleo. Por ejemplo, los reglamentos que permiten los usos de declaraciones juradas en permisos de aguas”, dicen en el Ejecutivo.
En la DGA, por ejemplo, las técnicas habilitantes (declaraciones juradas) en modificación de cauce reducirán 60% los ingresos (de 900 a 360 expedientes al año) y en bocatomas y obras hidráulicas mayores, 15% (de 88 a 75). En seguridad minera, reconocen, se pasará de 55 autorizaciones a 13 permisos y 18 técnicas habilitantes, subrayan.
Hoy, OASI tiene reuniones periódicas con compañías como Anglo American, Antofagasta Mineral, AES Andes, BHP, Codelco, entre otras para ir avanzando. (María José Tapia)
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